El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en Ecuador por un periodo de 60 días, como parte de la estrategia para enfrentar el avance del crimen organizado. La decisión abarca nueve de las 24 provincias del país, además de varios municipios adicionales, en medio de un contexto de creciente violencia.
Entre las zonas incluidas en la medida se encuentran ciudades clave como Quito y Guayaquil, que concentran una gran parte de la población nacional. En conjunto, estas dos urbes reúnen cerca de siete millones de habitantes, lo que refleja el impacto territorial de la decisión adoptada por el Gobierno.
El decreto establece la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Esto permite que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas puedan realizar allanamientos sin orden judicial previa, así como interceptar comunicaciones en el marco de operativos contra estructuras criminales, una medida que ha generado debate por sus implicaciones en materia de derechos.
De manera paralela, las Fuerzas Armadas serán desplegadas en distintas regiones del país para ejecutar operaciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Estas acciones se desarrollarán en coordinación con la Policía, en un intento por recuperar el control de zonas afectadas por la inseguridad.
Las provincias cobijadas por el estado de excepción se ubican principalmente en la costa y en áreas estratégicas para el tráfico de drogas. Regiones como Esmeraldas, El Oro, Guayas y Manabí han sido identificadas como corredores clave utilizados por redes criminales que transportan cocaína hacia mercados internacionales, lo que agrava el panorama de criminalidad.
La decisión del Gobierno se da en vísperas del inicio de la Semana Santa, un periodo en el que millones de ecuatorianos suelen movilizarse dentro del país. Este contexto incrementa los retos para las autoridades, que buscan garantizar la seguridad en medio de un escenario de alta movilidad.
Desde 2024, la administración de Noboa ha implementado varios estados de excepción como parte de su política de “guerra” contra el crimen organizado. Aunque estas medidas han permitido capturas y operativos importantes, el país continúa registrando altos índices de homicidios, manteniéndose entre los más elevados de la región.
Según cifras recientes, Ecuador ha alcanzado tasas superiores a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que evidencia la magnitud del problema. En operativos anteriores, las autoridades reportaron más de mil detenidos, así como la incautación de armas, explosivos y dinero en efectivo, en acciones dirigidas a debilitar las estructuras ilegales.
Además, el Gobierno ha fortalecido la cooperación internacional en materia de seguridad, incluyendo acuerdos con la Unión Europea para el intercambio de información.
Estas alianzas buscan enfrentar redes transnacionales que operan en el país y que han convertido a Ecuador en un punto estratégico dentro de las rutas del narcotráfico.