Los cargos contra Lula Da Silva fueron formulados sobre la base de declaraciones del exsenador Delcídio do Amaral, del mismo Partido de los Trabajadores (PT), y sostenían que el expresidente había ordenado sobornar a un antiguo director de Petrobras que ayudó a la Justicia a desvelar los escándalos en la petrolera.

El juez Ricardo Leite, del décimo Tribunal Federal de Brasilia, siguió la misma línea de la Fiscalía y consideró que, en ese caso, no existen "pruebas documentales" contra Lula o los otros seis implicados en el asunto, entre quienes estaba el propio exsenador.

Aún así, el fallo no libra a Lula de la cárcel, en la que está recluido desde el pasado 7 de abril tras ser condenado a doce años por una corte colegiada, que ratificó y amplió los nueve años que le había aplicado en primera instancia el juez Sergio Moro, acusado por el PT de mantener una "persecución política" contra el exmandatario.