El preso, que había sido condenado a la inyección letal, recibió un líquido que no había sido probado antes.
Un condenado a muerte falleció tras una larga agonía el pasado martes a la noche en Oklahoma por la aplicación de una inyección que jamás había sido probada, un procedimiento que fue duramente cuestionado por la Casa Blanca que criticó la falta de humanidad. "Tenemos un estándar básico en este país: incluso cuando la pena de muerte esté justificada, debe ser aplicada con humanidad", dijo este miércoles el portavoz del Ejecutivo estadounidense Jay Carney al ser consultado sobre la controvertida ejecución de Clayton Lockett. "Este caso no logró cumplir con ese criterio", sentenció. El martes, minutos después de que se le comenzara a inyectar el cóctel letal, Lockett comenzó a mostrar signos de sufrimiento. Según informó la prensa local y confirmaron en parte las autoridades penitenciarias, estaba muy agitado, con el cuerpo tembloroso, levantando los hombros de la mesa de ejecución y emitiendo gruñidos y palabras incomprensibles. El director de prisiones de Okalhoma (sur de Estados Unidos), Robert Partton, ordenó que se suspendiera la ejecución, pero ya era demasiado tarde: el preso fue declarado fallecido 43 minutos después por una "crisis cardíaca fulminante", indicó a la AFP Jerry Massie, portavoz de las prisiones. Las autoridades constataron "el fracaso de la intravenosa" inyectada al individuo y concluyeron que los medicamentos "no entraron en el sistema" venoso. El director de la prisión resolvió entonces inmediatamente aplazar 14 días la siguiente ejecución, de Charles Warner, prevista para las 8:00p.m (Hora local) del martes. "Después de rechazar durante varias semanas dar detalles básicos sobre los medicamentos usados en los procedimientos de inyección letal esta noche, Clayton Lockett fue torturado hasta la muerte", denunció de inmediato Madeline Cohen, abogada de Warner. Oklahoma había programado para el martes a la noche su primera doble ejecución en cerca de 80 años, a pesar de los repetidos pedidos de los condenados para obtener información sobre el protocolo de inyección. El nuevo procedimiento prevé la inyección de un cóctel de tres productos: un sedante, un anestésico y una dosis letal de cloruro de potasio.La defensa de los dos prisioneros había interpuesto en vano varios recursos para obtener información sobre la nueva inyección, en momentos en que tanto Oklahoma como otros estados enfrentan una escasez de barbitúricos. La Corte Suprema de Oklahoma, tras haber suspendido el 21 de abril de manera indefinida ambas ejecuciones hasta que se resolviera la controversia, estimó dos días después que los condenados "no tenían más derecho a la información que demandaban que si fueran ejecutados en silla eléctrica". "Debemos obtener respuestas completas sobre lo que falló. Debe haber una investigación independiente realizada por una tercera parte y no por las autoridades penitenciarias", exhortó la abogada de Warner en un comunicado después de la ejecución. "También debe realizarse una autopsia por un técnico independiente y debe haber una transparencia total sobre las conclusiones", añadió la abogada. Además, "el estado debe revelar todas las informaciones sobre los medicamentos, incluido su grado de pureza, su eficacia, su origen y los resultados de todos los análisis", fustigó Cohen, según quien "ninguna ejecución puede ser autorizada en Oklahoma mientras no haya más información acerca de la ejecución fallida de esta noche".Clayton Lockett fue condenado a muerte en 2000 por la violación y el asesinato de una joven que había secuestrado, golpeado y enterrado viva. Charles Warner fue condenado en 1997 por la violación y el asesinato de la hija de once meses de su compañera. Ambos hombres habían obtenido en marzo la suspensión de sus ejecuciones por falta de anestésico para las inyecciones letales, pero luego el estado logró aprovisionarse. Desde que fabricantes europeos se negaron a proveer la anestesia más común (pentobarbital) para las ejecuciones, varios estados norteamericanos han luchado para encontrar una solución alternativa. Algunos recurrieron a preparados farmacéuticos que no están homologados a nivel federal, lo que multiplicó los recursos judiciales de abogados que temen que sus clientes sean sometidos a sufrimientos.