La deportación de Álex Saab a Estados Unidos abrió un nuevo capítulo judicial y político que podría tener repercusiones tanto en Venezuela como en Colombia. El empresario barranquillero, considerado durante años uno de los hombres de mayor confianza de Nicolás Maduro, estaría dispuesto a colaborar con la justicia estadounidense y revelar información sobre operaciones financieras, contratos y redes empresariales ligadas al chavismo.
Saab fue trasladado el sábado 16 de mayo a territorio estadounidense luego de ser deportado desde Venezuela, en medio de un complejo contexto político tras la captura de Nicolás Maduro y varios integrantes de su círculo cercano. La entrega del empresario fue confirmada por autoridades migratorias venezolanas y medios internacionales.
Según versiones conocidas, las autoridades federales consideran que Saab posee información clave sobre las finanzas del régimen venezolano, incluyendo presuntos esquemas de corrupción, lavado de dinero y contratos irregulares relacionados con alimentos, petróleo y obras públicas.
La expectativa sobre una posible declaración del empresario ha generado especial atención porque podría involucrar a empresarios colombianos que habrían participado en negocios con el gobierno venezolano durante los años de mayores restricciones económicas y sanciones internacionales.
Álex Saab construyó una amplia red empresarial con operaciones en distintos países y alcanzó notoriedad internacional por su cercanía con Nicolás Maduro. Estados Unidos lo ha señalado durante años como presunto testaferro y operador financiero del chavismo.
Uno de los principales focos de las investigaciones gira alrededor del programa CLAP, sistema de distribución de alimentos impulsado por el gobierno venezolano y cuestionado por presuntos sobrecostos, contratos irregulares y pagos millonarios. Saab fue vinculado a varias empresas relacionadas con ese esquema.
Las autoridades estadounidenses también han investigado operaciones relacionadas con construcción de vivienda, importaciones y contratos petroleros adjudicados durante el gobierno de Maduro. Parte de esos negocios habrían contado con la participación de compañías registradas en Colombia, México, Turquía y otros países.
La figura de Saab tomó aún más relevancia luego de que el empresario fuera nombrado ministro de Industria en Venezuela en 2024, cargo del que posteriormente fue removido tras los cambios políticos ocurridos en 2026.
Una eventual cooperación judicial podría convertirse en una de las piezas más delicadas para el chavismo debido al nivel de información que Saab tendría sobre movimientos financieros internacionales y presuntas operaciones de triangulación de recursos.
Además del impacto político en Venezuela, el caso también genera expectativa en Colombia por la posible aparición de nombres de empresarios, intermediarios y figuras políticas que habrían tenido vínculos comerciales con estructuras relacionadas con Saab.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han revelado oficialmente si Saab ya inició negociaciones formales para colaborar con la Fiscalía.