Según los conductores de transporte especial de Cali, frente a la aplicación de un decreto que prohíbe la circulación en la ciudad de automotores fabricados antes de 1989, el Gobierno no ofrece retribución monetaria por su chatarrización. Esta medida además tendría un efecto negativo en la economía de los hogares cuyo sustento proviene de este tipo de transporte.