Los ataques con drones ejecutados por las disidencias de las Farc contra la Fuerza Pública generan preocupación a las autoridades y a los ciudadanos, quienes se han visto afectados por hechos como el ocurrido el pasado viernes, cuando uno de estos elementos cayó sobre una vivienda en la vereda Pradera, en el municipio de Jamundí, hiriendo a un adulto y a un adolescente.
Por ello, la noticia de que el grupo armado al margen de la ley busca adquirir tres mil de estos vehículos aéreos no tripulados alertó al Valle.
La información fue revelada por la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien dijo que un presunto integrante de las disidencias recientemente capturado por la Fuerza Pública confesó que “están comprando tres mil drones solo para poder atacarnos, y nosotros lo que hemos podido darle a la Policía y el Ejército son antidrones que les hemos comprado”.
La mandataria agregó que el Departamento no tiene dinero suficiente para adquirir tantos antidrones para apoyar a la Fuerza Pública.
Según Carlos Rojas, exsecretario de Seguridad de Cali e investigador independiente de GovLab en políticas comparadas de Latinoamérica, el uso de estos elementos demuestra el cambio en los conflictos, especialmente desde que inició la guerra entre Rusia y Ucrania.
“Pone en escena la utilización de una cantidad nueva de herramientas y de tecnologías muy avanzadas para introducirlas en los conflictos armados con enormes ventajas para quien tiene el uso de la tecnología”, dice.
Indicó que si bien los drones usados por las disidencias no son especiales para la guerra, Colombia es un país consumidor de tecnología. Por ello, las autoridades deben dejar de tomar una posición reactiva, para tener una mirada predictiva.
Otro experto en seguridad consultado por El País explicó que debe existir un control sobre la comercialización y la tenencia de vehículos aéreos no tripulados en el país, pues, aunque son elementos que son utilizados en las telecomunicaciones o para uso personal, también pueden ser modificados para generar ataques terroristas.
“El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones debe controlar más el tema de los drones, que quien quiera comprar uno en Colombia o traerlo desde el exterior, esté registrado en alguna plataforma, y si no es así, haya una sanción. Además, deben tener claro quién es el fabricante y qué empresas los importan”, aseguró el especialista, quien pidió mantener su nombre bajo reserva.
Más allá de los daños físicos que estos artefactos pueden causar, Carlos Rojas indicó que es posible que los miembros de la Fuerza Pública experimenten alteraciones mentales debido a los peligros a los que están expuestos.
“Pueden generar un efecto psicológico complejo ante el temor de ser atacados por estas tecnologías; indudablemente, los soldados y quienes están en estas misiones deben tener una suma preocupación por sus vidas y por su seguridad”, insistió el experto.
Si bien es difícil prevenir estos ataques, Rojas indicó que es vital que los soldados, los policías y los miembros de la Armada tengan capacitaciones constantes frente a esta amenaza.
“Tienen que recibir el entrenamiento adecuado. En este momento la Policía ordinaria, de vigilancia, tiene dificultades para identificar cómo llega el dron, si es comercial o si va a cometer un acto terrorista”, precisó.
Y puntualizó que, mientras se adquieren todos los equipos antidrones, “tanto el Ejército como la Policía tienen que activar otras capacidades, como los sistemas de inteligencia, para poder evitar que el impacto de los drones genere víctimas e impactos tan lesivos” tanto en los uniformados como con los civiles.