La Justicia Penal Militar y Policial condenó a dos soldados regulares del Ejército Nacional por vender armamento oficial a un grupo armado organizado que opera en el Valle del Cauca. El caso, que se conoció tras una investigación interna y judicial, dejó en evidencia una operación ilegal planeada por los uniformados para sustraer material de guerra y comercializarlo con estructuras criminales de la región.
De acuerdo con la información revelada por SEMANA, los militares estaban adscritos al Batallón de Policía Militar N.° 3 de Jamundí y realizaron previamente labores de inteligencia dentro de la unidad militar para identificar rutas de acceso y los puntos donde permanecían almacenadas las armas y municiones.
La investigación estableció que ambos aprovecharon una situación de fuerza mayor para ingresar al lugar y retirar un fusil, un proveedor y 35 cartuchos de uso oficial.
Posteriormente, el arsenal fue entregado a integrantes de un grupo armado organizado que delinque en el sur del Valle del Cauca. Según el expediente judicial, la negociación se cerró por 30 millones de pesos, suma que los soldados habrían acordado antes de ejecutar el robo del material bélico.
La Fiscalía 2208 Penal Militar y Policial lideró las investigaciones y logró recopilar pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de los uniformados en los delitos relacionados con tráfico y comercialización ilegal de armas. Los jueces especializados de la Justicia Penal Militar concluyeron que los soldados participaron directamente en la extracción y entrega del armamento a la estructura ilegal.
Como resultado del proceso judicial, ambos militares fueron condenados a 42 meses de prisión. Además, recibieron sanciones adicionales como la separación absoluta de la Fuerza Pública y la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo de la pena. La decisión judicial descartó beneficios como la suspensión condicional de la condena.
La Justicia Penal Militar señaló que “con la decisión se reafirma el compromiso de las diferentes instancias de la jurisdicción, para resolver con celeridad estos hechos que ponen en riesgo la seguridad de la Fuerza Pública y de la comunidad”.
El caso se conoce en medio de un complejo panorama de seguridad en el suroccidente colombiano, especialmente en departamentos como Valle del Cauca y Cauca, donde las autoridades han advertido sobre el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales y el incremento de acciones violentas contra la población civil y la Fuerza Pública.
En las últimas semanas, la región ha sido escenario de atentados, disputas territoriales y operaciones de grupos ilegales vinculados al narcotráfico y al control de corredores estratégicos, y el tráfico ilegal de armas sigue siendo uno de los principales factores que alimentan la capacidad operativa de estas organizaciones criminales.
La investigación encendió alertas dentro de las Fuerzas Militares sobre otros posibles casos de corrupción y filtraciones de armamento oficial hacia organizaciones ilegales.