En la tarde de este domingo 21 de diciembre, unas 200 personas retuvieron a 18 soldados de la Quinta Brigada del Ejército Nacional en medio de una operación contra el ELN en la zona rural de Carmen de Atrato, Chocó.
“Retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena, impidiéndoles continuar con el cumplimiento de la misión constitucional de proteger al Estado colombiano y salvaguardar a la población civil”, confirmó el comunicado oficial.
Según la información oficial, aproximadamente 200 personas participaron en la acción, impidiendo que los militares continuaran con su misión constitucional. La denuncia señala que los soldados fueron retenidos y trasladados de manera arbitraria hacia un resguardo indígena, lo que configuraría una privación ilegal de la libertad.
Entre los uniformados retenidos se encuentran dos suboficiales y 16 soldados profesionales, quienes, según el Ejército, cumplían labores orientadas a proteger al Estado colombiano y salvaguardar a la población civil en una zona marcada por la conflictividad armada.
La Institución expresó un rechazo categórico frente a lo sucedido, señalando que cualquier acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública resulta inaceptable y contraria al orden constitucional.
En el comunicado, el Ejército Nacional también advirtió que este tipo de conductas obstaculizan e interfieren con el desarrollo de las operaciones militares legítimas del Estado, las cuales se ejecutan bajo el marco legal y con observancia de los principios de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Ante la gravedad del hecho, el Comando de la Décima Quinta Brigada hizo un llamado urgente a las autoridades competentes, a los organismos de derechos humanos y a los líderes comunitarios de la región para que se garantice la integridad física de los militares retenidos y se facilite su pronta y segura liberación.
El pronunciamiento enfatiza en la necesidad de privilegiar el diálogo, el respeto por la institucionalidad y el cumplimiento estricto del marco constitucional y legal vigente, especialmente en territorios donde convergen comunidades civiles, resguardos indígenas y operaciones de la fuerza pública.
De igual manera, el Ejército recordó que la privación de la libertad de integrantes de la Fuerza Pública es una conducta regulada por la ley y puede acarrear responsabilidades penales, no solo para quienes la ejecutan, sino también para quienes faciliten o participen en este tipo de acciones.
La Institución advirtió que este tipo de hechos puede derivar en consecuencias jurídicas para los involucrados e incluso comprometer indebidamente a civiles, agravando aún más la situación de seguridad en la región.