Un nuevo y alarmante caso de negligencia médica bajo la fachada de la ilegalidad conmociona a la capital del país tras el fallecimiento de una ciudadana en el sur de la ciudad.
El trágico desenlace ocurrió luego de que la víctima asistiera a un local que prometía tratamientos corporales avanzados, pero que operaba de manera clandestina en el sector residencial de la localidad de Puente Aranda.
La investigación preliminar del caso apunta a que el establecimiento comercial figuraba formalmente en los registros bajo la actividad económica de salón de belleza.
Las pesquisas lideradas por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación buscan esclarecer las causas exactas por las cuales se efectuaban intervenciones quirúrgicas de alta complejidad en un espacio que no disponía de las condiciones sanitarias ni de la correspondiente autorización legal exigida por las normas de salud vigentes.
El expediente judicial cuenta con un material probatorio contundente compuesto por las grabaciones de las cámaras de seguridad perimetrales del inmueble.
En los registros audiovisuales se puede observar el momento exacto en el que varias personas sacan cargada del lugar a Adriana Manotas Rodríguez, de 52 años, luego de que su estado de salud sufriera un deterioro crítico tras el procedimiento.
De acuerdo con los reportes oficiales de ingresos, la ciudadana llegó al establecimiento hacia las 6:00 a. m. de este viernes con el fin de realizarse una intervención de liposucción.
Cerca de las 10:00 a. m., tras manifestar fuertes complicaciones y malestares generalizados reportados por su compañero sentimental, fue trasladada de urgencia a la sede de la Cruz Roja SAMU de la Alquería, punto asistencial donde lamentablemente ingresó sin signos vitales.
Los entes de control del Distrito emitieron un pronunciamiento conjunto donde ratificaron que el inmueble operaba bajo la fachada de una vivienda familiar.
La Secretaría de Salud confirmó detalladamente que ni la edificación contaba con el registro obligatorio de prestador de servicios médicos, ni el representante legal del negocio acreditaba la formación académica o los permisos para ejecutar procedimientos invasivos en la ciudad.
Por su parte, el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, rechazó categóricamente lo sucedido y exhortó a toda la ciudadanía a verificar los establecimientos antes de someterse a tratamientos estéticos.
El mandatario local instó a la comunidad a denunciar penalmente las clínicas que funcionen de manera irregular para evitar que sigan ocurriendo tragedias similares en las diferentes localidades de la ciudad.
El alcalde también menciono que la situación de inseguridad sanitaria en la capital evidencia un problema estructural recurrente en zonas específicas.