La Procuraduría General de la Nación inició una indagación disciplinaria contra el mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas y el sargento segundo Cristhian Padilla Villanueva, miembros del Ejército, por la presunta filtración de información reservada y la extralimitación de funciones al permitir que una mujer, identificada como “Stefanny”, se infiltrara en el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), adscrito al Batallón Guardia Presidencial.
El Ministerio Público busca establecer si la conducta de los uniformados constituye una falta disciplinaria en el marco del Código Disciplinario Militar. La investigación se centra en esclarecer los motivos que llevaron a los militares a permitir el acceso de la civil a datos sensibles, el perjuicio causado a la administración pública y si actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Según la información que motivó la acción de la Procuraduría, la mujer se habría hecho pasar por capitán de inteligencia de la Policía para obtener información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto sobre estructuras criminales como la organización transnacional “el tren de Aragua”.
Las pesquisas preliminares señalan que, por presuntas instrucciones del Mayor Jiménez Cárdenas, se habría ordenado a un oficial entregar a la supuesta “Capitán Stefanny” el computador de operaciones. Este equipo maneja información crítica y de cumplimiento diario sobre las rutas y esquemas de seguridad tanto del presidente de la República como de su núcleo familiar y de la vicepresidenta, lo que generó un grave riesgo para la seguridad nacional.
Paralelamente a la investigación disciplinaria, la Fiscalía General de la Nación ya judicializó al mayor Jiménez Cárdenas, al sargento Padilla Villanueva y a la civil Luisa Fernanda Salgado Fernández (alias “Stefanny”). Se les acusa de conformar un entramado ilegal para infiltrar operaciones militares y de inteligencia en Bogotá y Cundinamarca sin autorización.
La investigación penal determinó que entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, entonces comandante de una unidad del BAFUR 5, habría permitido que Salgado Fernández ingresara a instalaciones militares y participara en operaciones tácticas. La mujer asumió funciones exclusivas de oficiales, asistió a reuniones interinstitucionales y accedió a datos clasificados.
El sargento Padilla Villanueva, por su parte, es señalado de facilitar la entrada de la mujer a las guarniciones militares, permitir su interacción con la tropa y vincularla a labores de inteligencia y entrenamiento. Además, le habría entregado detalles sobre los movimientos de la unidad y la logística para el uso de equipos de comunicaciones y drones.
Como resultado, documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia terminaron en manos de la civil. La Fiscalía advirtió que parte de este material se habría utilizado para solicitar y ejecutar diligencias judiciales, induciendo en error a fiscales y jueces que creyeron que provenía de fuentes verificadas. Los tres fueron capturados y se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.
El director especializado contra las Organizaciones Criminales, Nelson Andrés Escobar, señaló que la infiltración representó un riesgo para la seguridad del Estado y explicó que la investigación busca establecer si hubo filtración de información hacia estructuras criminales.
A raíz del escándalo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció para aclarar el alcance del incidente. El jefe de la cartera de Defensa aseguró que, si bien el hecho tiene relación con una de las unidades que presta seguridad al primer mandatario, la seguridad del presidente, Gustavo Petro, no fue vulnerada.
“Aquí el mensaje es contundente”, afirmó el ministro, quien insistió en que no se comprometió la integridad del jefe de Estado a pesar de la gravedad de los hechos investigados.