La Procuraduría ordenó, este 18 de noviembre, la apertura oficial de cinco indagaciones preliminares con el propósito de esclarecer si las Fuerzas Militares cometieron infracciones al Derecho Internacional Humanitario, durante las recientes operaciones ofensivas ejecutadas contra estructuras criminales, en las que resultaron muertos al menos 15 menores de edad.
El Ministerio Público actuó de oficio ante la gravedad de los hechos conocidos por la opinión pública, los cuales demandan un examen institucional riguroso para determinar si las autoridades actuaron bajo los estándares nacionales e internacionales que regulan el uso de la fuerza.
El ente de control busca verificar específicamente si durante el desarrollo de las hostilidades se observaron los principios fundamentales de “precaución, humanidad y proporcionalidad”, esenciales para garantizar que las acciones bélicas no causen daños excesivos o innecesarios a personas protegidas.
Dentro del análisis que emprendió el órgano de control, se explicó que el Derecho Internacional Humanitario reconoce la facultad de las Fuerzas Militares para adelantar operaciones ofensivas, incluidos bombardeos, contra objetivos que se consideren legítimos por estar integrados por combatientes. Esta autorización se mantiene incluso cuando entre las filas del grupo ilegal se encuentren menores de edad que fueron reclutados de manera ilícita.
Sin embargo, la entidad aclaró que esta facultad no es absoluta y exige al Estado una máxima observancia de las reglas de la guerra. Las autoridades militares tienen la obligación de adoptar todas las medidas que sean factibles para minimizar el daño a la población, especialmente aquella que goza de una protección especial.
Por tanto, las indagaciones se centrarán en revisar si en la planeación y ejecución de los operativos se tuvieron en cuenta estos factores para evitar el desenlace fatal de los adolescentes involucrados.
De manera paralela a la vigilancia sobre la conducta de la fuerza pública, la Procuraduría reiteró que el reclutamiento y la utilización de menores de edad por parte de grupos armados al margen de la ley constituye un grave crimen internacional.
La institución enfatizó que esta práctica no es susceptible de amnistía y es repudiada tanto por el ordenamiento jurídico de Colombia como por la comunidad internacional en su conjunto.
El ente disciplinario señaló que las estructuras criminales no tienen ninguna justificación válida para vincular a niños, niñas y adolescentes a las actividades de guerra. Al hacerlo, los exponen de manera consciente y premeditada a los riesgos de muerte y lesiones propios del conflicto, lo que representa una vulneración extrema de sus derechos fundamentales.
Para avanzar en estas cinco indagaciones, el Ministerio Público dispuso un plan de trabajo que se adelantará con rigor, imparcialidad y celeridad. El objetivo es garantizar el respeto pleno al debido proceso mientras se articula la gestión institucional necesaria para recolectar toda la información pertinente.
Los investigadores se encargarán de obtener pruebas de carácter operacional, pericial y testimonial que permitan reconstruir paso a paso cómo se ordenaron y ejecutaron las maniobras militares. Con estos elementos, la Procuraduría podrá concluir si hubo fallas en los procedimientos o si, por el contrario, se actuó ajustado a la legalidad y la transparencia que la Constitución exige a los servidores públicos.