El principio de oportunidad que permitiría al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López Martínez, entregar más detalles sobre la red de corrupción que compromete a altos funcionarios del Gobierno, fue rechazado este lunes, 4 de agosto, por la jueza quinta de control de garantías de Bogotá.
Durante la diligencia, que se llevó a cabo de manera reservada, la jueza consideró que la Fiscalía General de la Nación no sustentó debidamente los alcances de la colaboración ofrecida por López. Según fuentes del caso, la funcionaria judicial cuestionó la falta de precisión en la matriz de colaboración y las investigaciones específicas en las que se enmarcaría su testimonio.
En su análisis, la jueza señaló que el documento presentado por la Fiscalía no explicó de forma clara cómo la información aportada por López beneficiaría de manera efectiva la administración de justicia. Advirtió que en casos de corrupción de alto impacto, como el que envuelve a la Ungrd, es imperativo garantizar un beneficio real para la sociedad afectada.
La decisión de negar el principio de oportunidad supone un golpe para la estrategia de la Fiscalía, que había firmado el acuerdo con López a cambio de su colaboración en investigaciones sobre irregularidades en la compra de 60 carrotanques y máquinas desalinizadoras en La Guajira. Estos contratos, según la versión del exfuncionario, fueron desviados para beneficiar a varios congresistas.
Entre los señalados por Olmedo López se encuentran la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, y el exdirector de la Función Pública, César Manrique Soacha.
Además, en la matriz de colaboración de 108 páginas revelada por SEMANA, López involucra directamente al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, acusándolos de liderar y coordinar maniobras ilícitas para direccionar contratos de la Ungrd hacia congresistas a cambio de votos en el Congreso.
Según el documento, López se comprometía a detallar cómo el entonces ministro Bonilla, valiéndose de su cargo, ordenó y supervisó la estructuración de operaciones ilegales. El texto también describe un encuentro convocado por Carlos Ramón González, donde participaron Bonilla y Velasco, con el fin de trazar la estrategia para asegurar el respaldo legislativo a cambio de contratos.
La jueza enfatizó que, como garante del proceso, no podía avalar un acuerdo sin una justificación detallada y transparente. De ahí que la defensa de Olmedo López y la Fiscalía presentaron un recurso de apelación, que ahora deberá resolver un juez de conocimiento de Bogotá.
Mientras tanto, la colaboración de Olmedo López sigue en vilo, y con ella, la posibilidad de avanzar en las investigaciones sobre la red de corrupción en la Ungrd que ha sacudido al actual gobierno. La Fiscalía insiste en que la información del exdirector es clave para develar la red de desvío de recursos y las negociaciones irregulares entre funcionarios y legisladores.