Un comerciante llevaba menos de tres días desaparecido cuando la Policía llegó hasta un inmueble abandonado en el sector de la invasión Haití, en la Comuna 15 de la capital vallecaucana.
Allí permanecía privado de la libertad en “condiciones deplorables y con evidentes signos de violencia física”.
El secuestro había comenzado la noche del 23 de junio con un falso choque de tránsito para obligarlo a descender de su vehículo y, desde ese momento, los delincuentes nunca lo sacaron de la ciudad. Permaneció retenido en un inmueble urbano hasta que el Gaula de la Policía lo rescató en una operación realizada en menos de 70 horas.
El operativo culminó con la captura en flagrancia de cuatro presuntos responsables, quienes exigían $ 200 millones por su liberación y se identificaban como supuestos integrantes de las disidencias de las Farc.
El caso pone sobre la mesa una imagen que rompe con el imaginario tradicional del secuestro en Colombia: ya no siempre se trata de víctimas trasladadas a campamentos clandestinos en zonas montañosas o selváticas.
En algunos casos, el cautiverio ocurre a pocos metros de vecinos, comercios y calles transitadas. Sin embargo, para el teniente coronel José Edwin Espitia, comandante del Gaula Cali, hablar de una nueva modalidad sería una lectura equivocada.
A su juicio, las viviendas no constituyen un patrón criminal, sino un recurso circunstancial que emplean algunas organizaciones delincuenciales.
“En el imaginario de la comunidad persisten los secuestros rurales, porque históricamente esos hechos iniciaron con grupos armados ilegales (...). Hoy en día no ocurre de esa forma; el delito ha mutado, también ya lo comete la delincuencia común”, explica el oficial. Y añade que “el tema de la vivienda es un factor de oportunidad que tiene el delincuente, y utiliza de pronto una vivienda deshabitada que no le vaya a implicar riesgo para su identidad (...). No es que sea una práctica ya marcada; simplemente, de acuerdo con la organización que lo comete, se presenta”.
La diferencia, sostiene, está en quién ejecuta el delito. Cuando detrás del secuestro hay grupos armados ilegales, las víctimas suelen ser trasladadas a áreas rurales donde esas estructuras mantienen control territorial. En cambio, cuando los responsables pertenecen a redes de delincuencia común que operan en las ciudades, el cautiverio suele permanecer dentro del mismo entorno urbano.
Esa lógica coincide con el análisis de expertos en seguridad consultados por El País.
Para Carlos Rojas, investigador independiente en políticas públicas y seguridad ciudadana, el plagio urbano no representa una ruptura con el pasado, sino una adaptación del delito a nuevas condiciones operativas.
“El secuestro no es un tema nuevo. Tiene un historial larguísimo. Lo que ha variado es el contexto”, afirma.
Durante décadas, explica, las organizaciones criminales preferían zonas rurales porque allí encontraban menor presencia institucional y mayores facilidades para ocultar a las víctimas. Hoy, paradójicamente, algunos sectores urbanos ofrecen ventajas similares en términos de anonimato y rapidez.
En esos escenarios, las viviendas cumplen una función práctica: reducen desplazamientos, disminuyen la exposición de los secuestradores y les permiten acelerar la obtención del dinero exigido.
“En los entornos urbanos, ciertos sectores favorecen muchísimo que, cuando se cometen esta clase de delitos, se garantice un máximo encubrimiento”, señala Rojas. “Como se trata de un secuestro exprés, todo ocurre rápidamente y eso les facilita pedir los recursos a cambio de la liberación de la persona. El factor clave es la economía en tiempo y desplazamiento y la facilidad de que les paguen esos secuestros de 12 a 24 horas; con ello logran su objetivo. Y, como les funciona varias veces, se vuelve una política organizacional adelantar este tipo de actividad con frecuencia”.
Carlos Soler, consultor en seguridad nacional, identifica que el crecimiento urbano también ha favorecido este tipo de operaciones.
Sectores residenciales donde los movimientos de vehículos pasan inadvertidos permiten ingresar a una víctima a una vivienda sin despertar sospechas.
“La ciudad ha crecido mucho y tiene áreas de estratos 2 y 3, con buenas entradas, donde se puede ingresar por un parqueadero, subir a una casa y nadie ve quién llega en el carro. Allí mantienen a la víctima incomunicada y, realmente, si nadie informa o nadie está pendiente, simplemente va a ser mucho más discreto que una finca o un área semirural, donde un retén o un control de la Policía los podría detener en cualquier momento”, afirma.
Aunque el mismo entorno urbano puede ofrecer a veces anonimato a los delincuentes, también puede convertirse en una ventaja para las autoridades.
El comandante del Gaula sostiene que la cercanía con otros habitantes aumenta las posibilidades de que alguien escuche, observe o reporte movimientos sospechosos.
“En donde hay personas cercanas, vecinos y otros inmuebles, indudablemente las personas se dan cuenta. Gracias a eso también hemos obtenido información”, señala Espitia, quien recuerda que durante el rescate del comerciante retenido en la Comuna 15 fueron precisamente algunos indicios percibidos por la comunidad los que ayudaron a orientar la investigación. Por eso insiste en que la denuncia temprana continúa siendo el elemento decisivo para rescatar a las víctimas.
“Queremos invitar a la comunidad para que denuncie (...). Comprobamos que no hay retaliación contra quien suministra información porque todo se maneja con reserva”, afirma. “Si recuperamos la solidaridad y el civismo, también le vamos a hacer frente a la delincuencia”.
El oficial explica, además, que no hay un patrón consolidado de barrios o inmuebles.
“Ellos utilizan los sectores que conocen: viviendas deshabitadas, sectores que no sean tan poblados o, en algunos casos, sectores que tienen la vivienda de forma informal o irregular, como las invasiones, pero no se trata de algo generalizado ni de un patrón de comportamiento. Es simplemente un tema de oportunidad de la delincuencia común”, sostiene.
La mayor dificultad para combatir estos hechos tampoco radica, según el Gaula, en la complejidad operativa de ingresar a zonas urbanas.
“Lo que importa es la confianza del ciudadano cuando denuncia; eso sí nos marca una diferencia. Desafortunadamente, hay casos en los que las personas se demoran en acudir a la autoridad o simplemente no denuncian y nosotros conocemos los hechos mucho después”, cuenta Espitia e insiste en que “el Gaula tiene toda la capacidad para investigar cualquier hecho de secuestro que se presente sin importar las circunstancias en que se presente”.
Los analistas coinciden en ese diagnóstico. Rojas advierte que el subregistro continúa siendo uno de los mayores obstáculos para enfrentar el fenómeno.
“Las familias, en aras de proteger la salud y la vida de quienes son secuestrados, y en un escenario de presión de esa naturaleza, lo que hacen es pagar. Eso se convierte en un problema complejísimo, porque le facilita la tarea a los delincuentes. Para las autoridades, no tener un conocimiento amplio, oportuno y profundo de todas las situaciones que se presentan hace que no sea tan fácil prever el diseño de políticas para aplicarlas en el entorno urbano y prevenir que sucedan estos secuestros exprés o retenciones ilegales”, sostiene.
Soler agrega que, mientras más rápido logren conocer el caso las autoridades, mayores serán las posibilidades de ubicar a la víctima mediante rastreos tecnológicos, cámaras de seguridad o análisis de recorridos.
Más allá de la respuesta policial, Rojas plantea una explicación de fondo: la ocurrencia de estos hechos también refleja el deterioro del llamado capital social: la confianza entre vecinos y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
“Cali tiene uno de los capitales sociales más bajos del país. La enorme desconfianza entre vecinos incide directamente en esta clase de actividad delictiva. Si hubiese más relacionamiento, más intercambio, más diálogo, más cooperación comunitaria, podría reducirse significativamente la comisión de estos hechos”, afirma.
Espitia asegura que, en lo corrido del año, Cali registra una reducción del 60 % en los casos de secuestro frente al mismo periodo del año anterior, mientras que en el área metropolitana la disminución alcanza el 43 %.
Aclara que varios de los hechos recientes ocurridos en el Valle obedecen a disputas entre estructuras criminales por rentas ilegales y no a una victimización indiscriminada de comerciantes o ciudadanos.
“Para nosotros es fundamental que los hechos se conozcan de manera inmediata. Apenas se presente un caso, el ciudadano debe tener confianza en el Gaula de la Policía Nacional y en las instituciones que realizan este trabajo. Prueba de ello es el caso que tuvimos hace unos días, en el que se logró el rescate de la víctima y la captura de estos sujetos. Ya cuentan con medida de aseguramiento intramural. El secuestro es un delito que la legislación colombiana castiga con severidad. Las penas son altas y, cuando se logra la judicialización, los delincuentes quedan privados de la libertad”, concluye el comandante del Gaula.
La institución invita a la ciudadanía a reportar cualquier caso de secuestro o extorsión a través de la Línea 165 y recuerda el mensaje que acompaña su campaña: ‘Yo no pago, yo denuncio’.