Fiscalía dice que el ex oficial es responsable de la desaparición de Irma Franco en el Palacio de Justicia.

El fiscal cuarto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Osorio Chacón, aseguró que el general (r) Iván Ramírez Quintero, ex comandante del comando de inteligencia y contrainteligencia del Ejército (Coici) “sí guarda responsabilidad frente a la desaparición forzada de la guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda”, de quien no se tiene noticia desde el Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido el seis y siete de noviembre de 1985.A pesar de ello Osorio Chacón advirtió que después de escuchar cientos de testimonios y pruebas no hay pruebas contundentes para acusar a Ramírez Quintero por la desaparición de otras ocho personas. “No existe responsabilidad en la desaparición de los ocho empleados de la cafetería y los tres visitantes ocasionales (de la Corte)”, quienes fueron declarados “desaparecidos” después de la toma guerrillera y la posterior retoma por parte de la Fuerza Pública.Igualmente, el representante del ente investigador señaló a los suboficiales (r) del Coici Fernando Blanco y Gustavo Arévalo como los encargados de “someter a Franco Pineda a un intenso interrogatorio para sacarle información (a Franco) sobre la toma – y añade- que durante estos hechos habría muerto, a raíz de las torturas”.Estos hechos se habrían presentado en el batallón Charry Solano, al sur occidente de Bogotá. Por esto la Fiscalía pidió la condena de los tres militares por la desaparición de Franco.En la oposiciónSin embargo, esta solicitud fue duramente criticada por los abogados de la parte civil quienes la catalogaron como “absurda” pues después de las pruebas recolectadas “pues es imposible que quienes estuvieron dentro de la Casa del Florero reconociendo e identificando a las personas que consideraban guerrilleros respondan por unos y no por otros”.Para el abogado Jorge Molano, “el Coici realizó trabajo de inteligencia dentro de la Casa del Florero y ordenaron el traslado a diferentes personas señaladas como especiales a diferentes guarniciones militares. Por eso resulta incoherente que la Fiscalía favorezca a las personas que tenían el mayor nivel de información y responsabilidad de los rescatados de los cuales 11 no aparecen hasta ahora”.Agregó además que “empiezan a hacerse públicas las consecuencias de (Guillermo) Mendoza Diago…, de haber retirado de su cargo a Ángela María Buitrago fiscal del caso. Este nuevo fiscal ante la Corte ya había favorecido a dirigentes involucrados con paramilitares y entre otras acciones”.Por su parte, César Rodríguez hermano de Carlos Augusto Rodríguez, consideró que la fiscal Buitrago “tenía pruebas suficientes para poder sustentar la condena y esperamos que la nueva fiscal general Viviane Morales haga claridad sobre el curso de estas investigaciones”.Estas declaraciones se hicieron durante los alegatos de conclusión en el proceso judicial que se adelanta contra los uniformados por el delito de desaparición forzada a 11 personas durante la toma del Palacio de Justicia.