Un procedimiento policial que debía garantizar la protección de los bienes encontrados tras la emergencia sísmica terminó bajo investigación judicial. Un uniformado es señalado de presuntamente quedarse con parte del dinero que pertenecía a una de las víctimas del terremoto ocurrido en Cali el pasado 10 de agosto.
El caso involucra $11.650.000 que fueron encontrados entre los restos de las edificaciones afectadas por el sismo y que, según las autoridades, habrían terminado en la vivienda de un patrullero de la Policía Nacional, quien presuntamente habría utilizado una parte de esa suma.
Los hechos ya están en conocimiento de la justicia penal militar. El pasado 6 de noviembre, la Fiscalía 2211 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado formuló imputación contra el uniformado por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por omisión. Durante la diligencia, el policía no aceptó los cargos.
De acuerdo con los elementos expuestos en la investigación, el dinero pertenecía a una mujer que falleció como consecuencia de la emergencia del 10 de agosto. La suma fue localizada entre los escombros y quedó inicialmente en manos del patrullero, quien tenía la responsabilidad de garantizar su custodia.
Incluso, el funcionario habría elaborado un acta de incautación para documentar el hallazgo y dejar constancia de la recepción de los recursos. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que posteriormente habría omitido reportar el procedimiento ante las autoridades correspondientes.
En lugar de entregar el dinero a las instancias encargadas de su administración, el uniformado presuntamente lo trasladó hasta su residencia. Allí, según la hipótesis de la investigación, habría dispuesto de una parte de los $11.650.000.
Los cargos contra el patrullero
La imputación se llevó a cabo ante el Juzgado 1718 Penal Militar y Policial de Control de Garantías, escenario en el que fueron avalados los cargos presentados por la Fiscalía.
El delito de peculado por apropiación hace referencia a la presunta apropiación de recursos o bienes públicos o bajo administración de un servidor estatal, aprovechando las funciones que desempeña.
Por su parte, el prevaricato por omisión está relacionado con dejar de cumplir actuaciones que, por disposición legal, corresponden a las responsabilidades del funcionario.
La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que el dinero fue retirado de la cadena de custodia y establecer qué ocurrió con los recursos que pertenecían a la mujer fallecida durante el terremoto.
Aunque la imputación fue avalada por el juzgado, el proceso continúa y no representa una declaración de culpabilidad. El patrullero rechazó los cargos y deberá ejercer su defensa ante la justicia, que tendrá que determinar si incurrió en las conductas que le atribuye la Fiscalía.