Por los hechos cometidos en diez empresas de Cali, una mujer identificada como Marly Tabares, de 54 años, aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación por presuntos hurtos que habrían dejado pérdidas cercanas a los $180 millones, luego de que, al parecer, aprovechara sus empleos en áreas contables y financieras para acceder a información bancaria y transferir dinero sin autorización.
De acuerdo con la investigación del ente acusador, los hechos ocurrieron entre el 19 de agosto de 2023 y el 17 de febrero de 2026, periodo durante el cual la mujer habría conseguido vincularse laboralmente a diferentes compañías para ganarse la confianza de sus empleadores y obtener acceso a datos reservados.
Una vez dentro de las empresas, presuntamente conseguía claves, tokens y contraseñas dinámicas de las cuentas bancarias para realizar movimientos de dinero sin consentimiento, con destino a cuentas que estaban bajo su control, además de apropiarse de recursos en efectivo que debía administrar.
Los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) identificaron nueve hechos en los que estaría involucrada Tabares, quien, según la información recopilada por la Fiscalía, registra 28 condenas por conductas similares.
Uno de los casos documentados por las autoridades ocurrió el 10 de diciembre de 2024, cuando la mujer se desempeñaba como secretaria recaudadora de una plaza de mercado de Cali, cargo en el que tenía bajo su responsabilidad recibir las cuotas de administración que pagaban los comerciantes.
Según los elementos materiales probatorios, Tabares habría guardado más de $38 millones correspondientes a esos pagos en una bolsa que introdujo en su bolso personal, para después abandonar el lugar sin entregar el dinero que debía custodiar.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Hurtos y Estafas de la Seccional Cali le imputó los delitos de hurto agravado, hurto por medios informáticos, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático, cargos que fueron aceptados por la procesada durante la actuación judicial.
Tras la intervención de las autoridades, un juez de control de garantías ordenó que la mujer fuera recluida en un centro carcelario, mientras que la orden de captura en su contra fue materializada en Cali por funcionarios del CTI, con apoyo de la Policía Nacional.
La investigación permitió establecer que las presuntas irregularidades no se limitarían a transferencias bancarias, sino que también incluirían la apropiación de dinero en efectivo durante el ejercicio de sus funciones laborales en las empresas afectadas.