El caso de María Camila Potosí ha estremecido a Cali y al país entero por la crueldad con la que fue perpetrado y por las circunstancias que rodearon su muerte. La joven de 21 años, quien se encontraba en el octavo mes de embarazo, desapareció el 16 de julio de 2026 luego de asistir a un control prenatal.
Cuatro días después, el 20 de julio, su cuerpo fue hallado sin vida en la capital del Valle del Cauca. De acuerdo con Noticias RCN, se indicó que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó, tras la necropsia, que la víctima falleció a causa de múltiples lesiones ocasionadas con un arma blanca, contabilizando más de 15 heridas en su cuerpo.
Este hallazgo evidenció la sevicia con la que fue atacada y reforzó la hipótesis de un feminicidio agravado.
El caso se tornó aún más desgarrador cuando se descubrió que la bebé que esperaba, llamada Alahia, había sido extraída de su cuerpo. Posteriormente, las autoridades encontraron los restos de la niña, y Medicina Legal adelantará la necropsia para confirmar su identidad y establecer la causa de su muerte.
La doble tragedia ha generado un fuerte rechazo social y político, pues se trata de un crimen que combina feminicidio y violencia contra una menor de edad, lo que lo convierte en uno de los hechos más atroces registrados en la ciudad en los últimos años.
Las investigaciones avanzan bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. En diligencias realizadas en Cali y Andalucía fueron capturadas cinco personas presuntamente vinculadas al crimen: Yulieth Angulo, quien habría transportado a la víctima en una motocicleta según cámaras de seguridad, y cuatro hombres identificados como alias Nilson, alias Edu, alias Kevin y alias JJ.
De acuerdo con el brigadier general Herbet Benavídez, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, los detenidos pretendían huir del país y serán judicializados por secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio.
Además, las autoridades mantienen activa una recompensa de hasta 200 millones de pesos para obtener información que permita esclarecer completamente el caso.
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, expresó su rechazo y aseguró que este crimen no quedará en la impunidad, subrayando que la ciudad no descansará hasta que todos los responsables enfrenten la justicia.
“Este dolor nos obliga a redoblar los esfuerzos para proteger a las mujeres, la niñez y la adolescencia y a seguir trabajando para que hechos como este no se repitan”, aseveró el mandatario caleño.