Tras conocerse que durante este lunes se habían adelantado procedimientos de extinción de dominio en tiendas de la marca de ropa Lili Pink, por presuntos actos de contrabando y lavado de activos, la Fiscalía General de la Nación reveló los detalles detrás del operativo.
En un comunicado, el ente investigador informó que, a través de la Delegada contra las Finanzas Criminales, sus direcciones especializadas y en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), fue detectado un conglomerado empresarial que, bajo la apariencia de una cadena dedicada a la venta de ropa femenina, presuntamente habría facilitado el ingreso al país de recursos ilícitos y mercancía de contrabando.
Según los elementos materiales probatorios recopilados, la presunta estructura habría conformado una red integrada por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mecanismo con el que ingresaban al territorio nacional prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos.
Posteriormente, esos artículos eran distribuidos en el mercado colombiano con el propósito de aparentar legalidad en las operaciones.
La investigación también advierte que las maniobras estarían encaminadas a ocultar controles aduaneros, dividir transacciones, simular vínculos comerciales y entorpecer el rastreo del dinero, facilitando así su entrada al sistema económico formal.
En desarrollo del proceso, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, documentó, entre otras posibles conductas, lavado de activos por $730.000 millones y enriquecimiento ilícito superior a $430.000 millones.
Asimismo, el expediente incluye aprehensiones y decomisos de mercancía realizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), bienes valorados en más de $54.000 millones, además de un posible contrabando que superaría los $75.000 millones.
De igual manera, la Fiscalía obtuvo ante un juez de control de garantías de Bogotá varias órdenes de captura con fines de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, diligencias que se encuentran en proceso de ejecución y judicialización.
“Producto de la labor articulada realizada, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, los cuales serán objeto de avalúo”, dicta el documento.
Las diligencias de ocupación contaron con apoyo del Ejército Nacional y se desarrollaron en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos donde la cadena tiene presencia comercial.
La Fiscalía precisó que las propiedades y demás bienes afectados continuarán operando y desarrollando su objeto social mientras avanza el trámite judicial de extinción del derecho de dominio ante los jueces competentes.