Con la cabeza rapada y las manos esposadas, Juan Carlos Buriticá Suárez enfrenta ahora el peso de la justicia desde un centro carcelario. La decisión fue adoptada por un juez de la República este miércoles 21 de octubre, luego de analizar el material probatorio presentado en su contra tras haber amenazado de muerte a la primera dama, Ana Lucía Pineda, y a la familia del presidente Abelardo De La Espriella a través de redes sociales.
El caso se movió de forma rápida desde el primer momento. Sobre cómo ocurrieron los hechos, el presidente explicó que “el 18 de octubre de 2026, a las 10:12 de la mañana, un delincuente amenazó de muerte a mi esposa y a mis hijos.
A las 12:23 del mediodía de ese mismo día se radicó la denuncia. El 19 de octubre, a las 11:57 de la noche, se hizo efectivo el allanamiento y la captura del responsable”. Además, durante el procedimiento de registro en la vivienda del acusado, las autoridades encontraron una cantidad de marihuana.
Con base en el trabajo de investigación de la Policía, la Fiscalía le imputó a Buriticá los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, junto con el de amenazas contra servidores públicos y defensores de derechos humanos.
Al decidir enviarlo a prisión, el juez del caso explicó que la medida “es adecuada porque para el despacho no hay una medida menos invasiva, más relevante, de igual eficacia y, reitero, con la aplicación del enfoque de género en lo que respecta a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que se le enrostran al señor Juan Carlos Buriticá”.
Tras conocer la decisión judicial, el mandatario confirmó la noticia señalando que “hoy este sujeto acaba de ser cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad y deberá responder ante la justicia”.
El presidente también dejó ver su postura sobre lo ocurrido y declaró que “como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables”.
En ese mismo mensaje sostuvo que “mi familia merece protección, como la merecen todas las familias de Colombia. ¡Nadie tiene derecho a sembrar el terror en los hogares de nuestra patria!”.
Para cerrar su pronunciamiento sobre el operativo y la decisión del juez, De La Espriella afirmó que “en la Patria Milagro, los delincuentes deben temerle a la justicia, no los ciudadanos a los delincuentes. ¡Bienvenido a la patria, milagro, miserable!”.