En una operación relámpago ejecutada este viernes durante la jornada de posesión presidencial, el Gobierno Nacional ordenó el traslado inmediato de 117 internos de alto perfil criminal a diversos centros penitenciarios de alta seguridad del país. La medida, coordinada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), marca una de las primeras decisiones de la nueva administración estatal.
Entre los trasladados se encuentran 103 privados de la libertad de alta peligrosidad que permanecían en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la información a través de sus redes sociales tras la notificación oficial del Ejecutivo entrante.
Control en los penales y ruptura de mandos criminales
Dentro del grupo de reclusos movilizados destacan jefes de estructuras delictivas que operan en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, entre ellos los señalados con los alias de Carlos Pesebre, Douglas y El Indio. Estos cabecillas estaban vinculados a procesos de negociaciones de paz en diferentes sectores del territorio nacional.
De acuerdo con el INPEC, las reubicaciones se efectuaron hacia establecimientos penitenciarios de alta seguridad localizados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne. La infraestructura de estos penales busca neutralizar la operatividad de las redes delictivas internas.
Medidas de autoridad y cumplimiento judicial
Desde el Gobierno Nacional se informó que la determinación busca fortalecer el control en los centros de reclusión, elevar las condiciones de seguridad y contener la capacidad de las bandas para coordinar o fortalecer actividades ilícitas desde sus celdas. La orden fue impartida de manera directa por el presidente Abelardo Gabriel De La Espriella Otero.
El Ejecutivo enfatizó que ejercerá el control penitenciario dentro del marco constitucional y advirtió que quienes pretendan utilizar las prisiones como centros de operaciones estarán sometidos a todo el peso de la ley. Asimismo, ratificó que mantendrá las acciones necesarias para asegurar la ejecución efectiva de las órdenes judiciales en todo el país.
Con este operativo masivo, el Ejecutivo busca recuperar el control permanente del sistema penitenciario y desarticular las redes de mando que las estructuras delincuenciales mantenían en las cárceles del país. Las autoridades confirmaron que los 117 internos ya se encuentran bajo estrictas medidas de custodia en sus nuevos destinos asignados.
Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.