Cada mañana, Marisol Arango la iniciaba pensando en sus dos niñas. Tenía 50 años de edad, era comerciante y desde hacía cerca de dos años había decidido trabajar por su cuenta, entre otras razones para pasar más tiempo con sus gemelas de 15 años, que, cuenta su familia, eran el centro de su vida.
El pasado 17 de septiembre las llevó al colegio, como todos los días, y regresó a su casa ubicada en el barrio La Merced, en el norte de Cali. Al llegar, bajó de su carro para abrir la puerta del garaje, pero en ese momento un hombre, que se movilizaba en una moto, se acercó y le disparó.
En las cámaras de seguridad del sector quedó registrado el ataque: el sicario, con el casco puesto y un saco de color mostaza o amarillo, corrió hacia ella y, aunque intentó escapar, recibió dos impactos de bala en la cabeza. Murió ese mismo día, horas más tarde.
“Ella decía que sus hijas eran sus milagros. Eran su vida y su motor. Incluso dejó de trabajar en empresas para poder pasar más tiempo juntas”, recordó, con la voz entrecortada, una familiar de Marisol, en conversación con El País.
Sus seres queridos aseguran que no conocían amenazas en contra de la comerciante ni algún conflicto que explique el ataque. Según les han informado los investigadores, ya hay registros de cámara de seguridad y elementos para intentar establecer la ruta usada por el atacante; sin embargo, aún esperan respuestas sobre quién ordenó el crimen y por qué.
“Marisol era mucho más que la forma en que murió. Era una mamá dedicada, trabajadora, una persona amorosa y una mujer que hizo todo por sus hijas”, expresaron sus familiares en un mensaje.
Pero su historia no es la única que deja preguntas abiertas en Cali. También está la de Carlos Esteban Estrada Restrepo, quien acababa de cumplir 35 años y fue recordado por sus allegados como un hombre trabajador, honesto y buen esposo y hermano.
“Él era el pilar, era la columna que sostenía toda esta familia. Era la cabeza de todos. Ese era el lugar principal que ocupaba”, expresó uno de sus seres queridos a El País.
Era comerciante y, de acuerdo con sus familiares, prefería estar lejos de los problemas ajenos.
El pasado 26 de septiembre, un hombre le disparó en repetidas ocasiones mientras circulaba por la Autopista Simón Bolívar con Carrera 86, en el sur de Cali.
De acuerdo con sus allegados y los videos que han conocido, un ciudadano intervino cuando el presunto atacante se quedó sin munición, logrando reducirlo antes de que las autoridades llegaran al lugar.
La motocicleta en la que se movilizaba quedó atrapada junto al vehículo de Esteban, lo que facilitó su retención.
A pesar de que el presunto responsable fue entregado a las autoridades, la familia indicó que la información que ha recibido es que el caso continúa bajo investigación.
“La vida nos cambió 100 %. Él era el motor de muchas cosas, era esa persona que siempre estaba pendiente de todos. Es como si a un carro le quitaran el motor: puede tener todo lo demás, pero ya no funciona igual”, señaló su allegado.
En ambos casos, las familias de las personas atacadas a bala esperan ver qué ocurrió y por qué sus seres queridos fueron asesinados por sicarios.
El País consultó a la Policía Metropolitana de Cali sobre los homicidios que han sido clasificados específicamente como sicariatos, sus características y las estrategias que se adelantan para combatir esta modalidad.
A pesar de que la solicitud fue enviada a través del área de Comunicaciones de la institución, al cierre de esta edición no fue posible obtener respuesta.
Álvaro Pretel, exsubsecretario de Seguridad de Cali e investigador en justicia criminal.Lo que está detrás del sicariato suelen ser venganzas, ajustes de cuentas y controles territoriales. Es la forma en que se asesina a las personas contratando a alguien”.
Sin embargo, la Secretaría de Seguridad de Cali, informó que en los primeros 9 meses del año (enero- septiembre) se habían presentado 846 homicidios, de estos, 555 casos están relacionados con casos de sicariato.
Un problema que continúa
Los casos de Marisol y Esteban hacen parte de una realidad que se refleja en las estadísticas de la capital vallecaucana.
De las víctimas de los homicidios en Cali, 770 eran hombres y 66 mujeres, y el arma de fuego fue el principal mecanismo usado, pues 684 casos, que representan el 81,82 % del total, fueron cometidos con ese tipo de arma, mientras otros 111 casos, correspondientes al 13,28 %, se perpetraron con armas cortopunzantes y 41, que representan el 4,9 % del total, corresponden a otros mecanismos.
Las comunas que concentraron los mayores registros fueron la 15, con 90 casos; la 18, con 74; la 21, con 70, y las 13 y, 14 con 66 homicidios cada una.
Entre los sectores con más casos aparecen Alto de los Chorros, con 23; El Morichal, con 22; Potrero Grande, con 20, y Alto Nápoles, Ciudadela Floralia y El Retiro con 16 cada uno.
En cuanto al móvil reportado por el Observatorio, 664 casos fueron asociados a delincuencia, 114 a convivencia y 42 a otros hechos.
Sobre los casos de sicariato (555 reportes en 2026) El País conoció que esta modalidad ha aumentado 13 % en lo corrido del 2026, pues entre enero y septiembre del 2025 las autoridades de la ciudad registraban 489 episodios.
El sicariato no termina con quien dispara
Para Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz, el desafío consiste en dejar de mirar cada homicidio como un hecho aislado.
Por ello, afirmó que para reducir los casos asociados a estructuras criminales dedicadas al sicariato se debe identificar dónde se concentran los hechos, qué conflictos los originan y qué organizaciones están detrás.
Las estrategias deben ser focalizadas. “Hay que identificar los grupos, las personas y los microterritorios que concentran la violencia y llevar hasta allí la inteligencia, la prevención, la presencia policial y la investigación”, señaló Fernández.
Por su parte, Carlos Rojas, exsecretario de Seguridad de Cali e investigador independiente de políticas comparadas en América Latina, planteó que las estructuras criminales en la ciudad se han transformado, pues se produjo una fragmentación de organizaciones que antes tenían estructuras más grandes y liderazgos definidos, mientras que ahora hay grupos pequeños con control sobre determinados territorios y actividades ilegales.
“Usted desmantela un líder y aparecen dos, desmantela una organización y aparecen tres, porque se fragmentan. Eso les hace mucho más difícil a las autoridades poder neutralizar o anticiparse a la comisión de un delito”, afirmó.
La fragmentación dificulta establecer quién está detrás de un asesinato, pues el sicariato puede relacionarse con disputas territoriales, retaliaciones, mercados ilegales o mecanismos de control en determinadas zonas.
Pero para Álvaro Pretel, exsubsecretario de Seguridad de Cali e investigador con doctorado en Justicia Criminal, detrás de esta modalidad hay otras capas que van más allá de las estructuras criminales: están las venganzas y los ajustes de cuentas que nacen de conflictos que terminan escalando hasta un homicidio.
“Lo que está detrás del sicariato son venganzas, ajustes de cuentas y controles territoriales. El sicariato es la forma en la que se mata o se asesina a las personas contratando a alguien, a un homicida que realiza el delito”, explicó.
El investigador señaló que en Cali esos conflictos pueden relacionarse con disputas entre organizaciones, pero también con situaciones de carácter cotidiano. Por ello, consideró que la violencia no puede analizarse solo desde la criminalidad organizada, sino desde las formas en las que algunos conflictos se resuelven a través de la violencia.
Además, la disponibilidad de armas de fuego y de personas dispuestas a cometer esos delitos hacen parte del panorama. “Para un joven es más fácil acceder a dos millones de pesos por hacer un sicariato que acceder a un trabajo formal porque no hay oportunidades ni educación”, afirmó el investigador.
Para Fernández, “la investigación de cada homicidio debe generar información para identificar conexiones con otros hechos. Si se reconstruyen esas redes, una captura puede tener mayor efecto sobre la violencia”.
Ante la magnitud del problema, Rojas indicó que la respuesta no debe depender únicamente de capturar a quienes aparecen como autores materiales: “Esto es un ecosistema sumamente complejo que funciona en la clandestinidad. Se necesita que las autoridades desplieguen sus máximas capacidades para poder identificarlos y llevarlos a la justicia”.
En ese escenario, las cámaras de seguridad y los sistemas de información, así como otras herramientas tecnológicas, son importantes para aportar a las investigaciones, pero no reemplazan el trabajo de inteligencia y de análisis criminal que deben hacer las autoridades.
“Las cámaras son necesarias, pero no son suficientes. Pueden ayudar a reconstruir un hecho y aportar evidencia, pero se necesita capacidad investigativa para leer esa información, encontrar patrones y anticiparse a lo que está ocurriendo”, explicó el exsecretario de seguridad.
Felipe Fernández agregó que primero se debe concentrar la inteligencia y la investigación en las estructuras y en los conflictos que explican una mayor proporción de homicidios.
“La prioridad debe ser identificar quién está ordenando los asesinatos, cómo se ejecutan y qué rentas los financian”, precisó.
Para Pretel, esa tarea debería permitir diferenciar las diferentes capas detrás de los asesinatos asociados a estos móviles: las disputas entre estructuras criminales, conflictos en los territorios y venganzas que surgen de situaciones personales.
Más allá de las cifras
Las recomendaciones de los expertos coincidieron en un punto y es que para contener el sicariato no basta con reaccionar después de que ocurre un asesinato, sino que se necesita una cadena que conecte la prevención, la investigación, la inteligencia y la judicialización.
Fernández planteó fortalecer un mecanismo permanente de análisis de homicidios entre Alcaldía, Fiscalía y Policía, para cruzar datos sobre víctimas, armas, victimarios, vehículos, territorios y conflictos para encontrar los patrones.
Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz.No basta con capturar al autor material. La respuesta debe ser investigar cada homicidio, para avanzar hacia quienes coordinan y financian la violencia”.
Por su parte, Rojas insistió en que las instituciones deben adaptarse a la velocidad con la que se reorganizan las estructuras criminales con el fin de pasar de una respuesta caso por caso a una lectura más amplia de la violencia e identificar los conflictos que están produciendo más homicidios, las estructuras relacionadas con ellos y qué territorios se repiten.
En medio de esa discusión están los hogares que no pueden esperar: las hijas de Marisol, que tuvieron que irse a vivir a otra ciudad y quedaron bajo el cuidado de sus familiares, y los seres queridos de Esteban, que buscan reconstruir su vida, aunque falta una persona fundamental para todos.
“Nosotros solamente pedimos justicia. No queremos que este sea un caso más, que pasen cinco, seis años y el responsable esté por allá mientras queda una familia rota y llena de dolor”, reclamó un familiar de Marisol.
Para estos hogares, el homicidio va más allá del número que aparece en los registros, pues detrás de cada caso hay una vida interrumpida y preguntas que permanecen abiertas.