Un nuevo y dramático hecho de violencia consterna al gremio jurídico y a los habitantes de la capital del Valle del Cauca. La reconocida abogada penalista Sandra Yorlady Toro Gómez, de 46 años de edad, fue víctima de un sangriento ataque sicarial perpetrado en la tarde del pasado fin de semana en las inmediaciones del barrio La Hacienda, una concurrida zona residencial ubicada en el sur de Cali.
De acuerdo con el reporte oficial suministrado por los voceros de la Policía Metropolitana, el crimen se registró hacia las 6:00 p.m. mientras la profesional del derecho se encontraba transitando y disfrutando del espacio público al interior de un parque del sector.
En ese punto de alta afluencia ciudadana, la jurista fue abordada por un desconocido que se movilizaba a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra alguna ni darle oportunidad de reaccionar, el agresor desenfundó un arma de fuego y la atacó a quemarropa, accionándola en repetidas oportunidades antes de emprender una veloz huida con rumbo totalmente desconocido.
Debido a la gravedad y a la cantidad de las heridas penetrantes causadas por los proyectiles en zonas vitales de su cuerpo, la víctima falleció de manera instantánea en el sitio del suceso.
Minutos después del estallido de las detonaciones, habitantes de la zona y transeúntes intentaron auxiliar a la profesional, pero las unidades médicas y los cuadrantes policiales que arribaron al lugar confirmaron que ya no registraba signos vitales.
Ante la gravedad de lo ocurrido, el área fue acordonada rápidamente por patrullas de la institución para preservar las evidencias físicas y adelantar los correspondientes actos urgentes de inspección técnica al cadáver.
Las labores de indagación e investigación criminal quedaron a cargo de un equipo especializado integrado por efectivos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en estrecha articulación con peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.
Los investigadores avanzan de manera prioritaria en la recolección de testimonios de personas que presenciaron el ataque, así como en el rastreo y análisis minucioso de las grabaciones de las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector. Este material audiovisual resulta clave dentro del expediente para reconstruir la ruta de llegada y la vía de escape que empleó el homicida.
Hasta el momento, las autoridades judiciales mantienen todas las hipótesis abiertas y concentran sus esfuerzos en establecer si los móviles de este lamentable homicidio guardan relación directa con su ejercicio profesional dentro del litigio penal o si responden a otros posibles factores de índole personal o comercial.