La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud presentada por la representante a la Cámara, Karen Astrith Manrique Olarte, para ser trasladada al Congreso de la República y asistir a la posesión de su nuevo periodo legislativo, programada para el próximo 20 de julio.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia, la cual determinó que el permiso no constituye una circunstancia excepcional para concederlo.
En el oficio explicaron que, conforme al marco normativo expuesto, la posibilidad con la que cuenta una persona privada de la libertad para salir de su lugar de internamiento está dada para: i) acudir ante la autoridad competente en virtud de una citación dentro de una actuación procesal; ii) que por su estado de salud requiera atención clínica u hospitalaria, o, iii) ante un estado grave de enfermedad o fallecimiento de un familiar de aquellos enlistados en la norma. En este último caso, corresponderá la autorización al director del respectivo establecimiento de reclusión o al funcionario judicial de conocimiento.
Debido a que no se cumplen las condiciones legales para autorizar la salida del centro de reclusión, la sala recordó que las causales previstas por el legislador para la concesión de permisos excepcionales a personas privadas de la libertad, ya sean procesadas o condenadas, delimitan el ámbito de procedencia de tales autorizaciones.
Ante este panorama, Karen Manrique no podrá asistir a la sesión de instalación del Congreso ni posesionarse presencialmente el próximo 20 de julio.
Por el momento, la congresista sigue vinculada al proceso de desfalco que se presentó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La representante por la curul de paz de Arauca es señalada por el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, como coordinadora del negocio dentro de la Comisión de Crédito Público. La acusación apunta a que monitoreaba el avance de los contratos ante funcionarios de la entidad y del Ministerio de Hacienda.
A Manrique le habría correspondido el proyecto de Saravena, por $30.000 millones. Se entregó en Tame el 12 de marzo, tres días después de reelegirse con 5.640 votos. Hoy está en el Batallón de Ingenieros General Francisco Javier Vergara Velasco, en Malambo, Atlántico. El martes la Corte le negó la casa por cárcel.
Cabe recordar que ella hace parte de los seis integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que se vieron envueltos en el caso de corrupción, tras ser señalados de haber aprobado en el 2023 los créditos externos que el Ministerio de Hacienda necesitaba a cambio de quedarse con tres obras de la Ungrd. Los proyectos sumaban $92.000 millones en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).