El juez que lleva el caso por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay reculó en sus afirmaciones iniciales sobre una presunta responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección, UNP, en el ataque ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.
La aclaración se conoció a través de un correo oficial enviado al organismo de seguridad, en el que el togado negó haber hecho señalamientos de fondo sobre la culpabilidad del Estado.
La polémica se desató durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, señalado como presunto autor intelectual del atentado.
En ese espacio judicial, el juez 37 de control de garantías, José Alejandro Hofmann, dejó constancia de lo que calificó como un posible prevaricato por omisión por parte del Estado en la protección del congresista.
Las declaraciones provocaron una fuerte reacción por parte de la UNP, que solicitó a través de un derecho de petición una explicación por parte del juez, y también elevó una carta a la Procuraduría General de la Nación pidiendo una investigación por posible extralimitación de funciones.
Pese a esta aclaración, las tensiones institucionales no han disminuido. El director de la UNP, Augusto Rodríguez, pidió formalmente a la Procuraduría que se investigue al juez por lo que calificó como “usurpación de funciones” y por haber emitido declaraciones que podrían derivar en consecuencias legales y disciplinarias para funcionarios de su entidad.
Rodríguez también criticó a sectores políticos que, según él, han intentado usar el atentado para atacar al Gobierno nacional: “Ha habido agentes oportunistas de la oposición al Gobierno (...) que se aprovechan de esto para generar unas situaciones que confunden a la población y que crean un ambiente como si el Gobierno hubiera sido el gestor”.
La defensa de Miguel Uribe, sin embargo, ha sido insistente en señalar lo que considera una grave omisión por parte del Estado.
El abogado Víctor Mosquera ha dicho que presentaron 23 solicitudes de refuerzo de seguridad que no fueron atendidas y que, por lo tanto, hubo “mezquindad” en la protección brindada al senador. Incluso presentaron una denuncia penal contra la UNP por presunta negligencia.
A un mes del atentado, la Fiscalía ha capturado a cinco personas, entre las que se encuentran ‘El Hermano’, ‘El Veneco’, ‘Gabriela’, ‘Chipi’ y el mismo alias El Costeño, mientras continúa la investigación.
Entretanto, la figura del senador ha cobrado relevancia en el panorama electoral. Una encuesta realizada por las firmas Guarumo y EcoAnalítica que se publicó el pasado lunes 7 de julio, lo ubica como el aspirante con mayor intención de voto para las elecciones de marzo de 2026.