La Fiscalía General de la Nación dio a conocer este domingo, que judicializó a Juan Diego Acosta Yandi, señalado como uno de los presuntos articuladores de actividades de explotación ilícita de oro en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, una zona protegida y considerada estratégica para la conservación ambiental del suroccidente colombiano.
La acción judicial, según el comunicado emitido por el ente judicial, hace parte de una estrategia interinstitucional orientada a proteger el ecosistema de este parque natural y combatir las redes dedicadas a la extracción ilegal de minerales que operan en la región.
De acuerdo con la investigación, Acosta Yandi sería el responsable de la extracción de oro en dos socavones ubicados en el sector conocido como Minas del Socorro, donde se realizaban actividades mineras sin contar con títulos ni permisos ambientales.
“Este hombre, en posible articulación con otras personas, habría auspiciado la utilización de explosivos y materiales tóxicos, como mercurio, que han generaron un grave daño ambiental al agua, el suelo, la flora y la fauna de esta zona protegida”, señaló la Fiscalía en su comunicado.
Dicha investigación, también permitió establecer que el oro obtenido en los frentes de explotación era presuntamente comercializado de manera clandestina en Cali, así como en los municipios caucanos de Suárez y Santander de Quilichao.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a Acosta Yandi de los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, daño en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero e hidrocarburos e invasión de área de especial importancia ecológica.
Cabe decir que, durante las audiencias preliminares, el procesado aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
Posteriormente, una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las actuaciones judiciales en su contra.
La Fiscalía señaló que esta investigación forma parte de los esfuerzos para identificar y afectar las estructuras que estarían detrás de la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, una actividad que representa una amenaza para los ecosistemas, las fuentes hídricas y la biodiversidad de esta área protegida.
La afrenta de las instituciones inició del mes de abril, cuando la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunciaron un nuevo plan de acción para frenar la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.