Como ya lo había anunciado desde octubre del año pasado, el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda radicó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación contra el fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe de los delitos de soborno y fraude procesal.
El documento solicita revisar el fallo de segunda infancia emitido el 21 de octubre del 2025 por el Tribunal Superior de Bogotá, mediante el cual se tumbó la condena contra el expresidente a quien la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, le había impuesto una pena de 12 años de prisión.
De acuerdo con el recurso de casación, se considera que existen elementos materiales probatorios suficientes que permitirían establecer la eventual responsabilidad penal del exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Además del senador Cepeda, el oficio fue firmado por el exministro de Justicia, Eduardo Montealegre; el exvicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, y por Deyanira Gómez, expareja sentimental del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.
Con este recurso radicado ante la Corte Suprema de Justicia, esta tendrá la responsabilidad de definir si la solicitud de las víctimas del caso reúne las condiciones necesarias para ser estudiada, función que deberá desarrollar un magistrado ponente designado por la Sala Penal.
En caso de ser admitido, el alto tribunal abrirá el trámite correspondiente para escuchar a las partes y, posteriormente, evaluar de fondo el alcance de la solicitud, proceso tras el cual deberá decidir si mantiene el fallo de segunda instancia que absolvió al exmandatario o si revive la condena dictada en primera instancia.
Se debe mencionar que la Corte Suprema de Justicia dispone de un plazo legal máximo de cinco años para emitir un pronunciamiento de fondo sobre el recurso de casación interpuesto contra la absolución de Uribe.
Al anunciar que presentaría un recurso de casación -el año pasado, Cepeda detalló que estudiarían otros recursos como el sistema interamericano de derechos humanos. “No lo hemos decidido, pero es una posibilidad”, dijo.
El senador y precandidato presidencial no estaba de acuerdo con que el Tribunal, en manos del magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, declarara ilegal la interceptación al celular del expresidente, que se produjo supuestamente por error porque se confundió con el número de otro congresista.
Esa interceptación había sido avalada en múltiples instancias judiciales, incluso por la Corte Suprema de Justicia.
“No solamente fueron ignoradas esas pruebas y esos indicios, sino que también hubo una clara tergiversación en la lectura del magistral Merchán de la relación de esas pruebas con los testimonios de muchos de los comparecientes en este juicio oral”, señaló Cepeda.
*Con información de Colprensa.