La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos policías señalados de exigir dinero a un ciudadano a cambio de revelar información reservada sobre una investigación por narcotráfico y un supuesto proceso de captura con fines de extradición. Los hechos habrían ocurrido en Cali entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 2026.
“Los procesados son señalados de presionar a un hombre con el supuesto de que le entregarían detalles sobre un proceso con fines de extradición que se seguía en su contra", precisó la Fiscalía en un comunicado emitido este sábado, 24 de octubre.
Los uniformados fueron identificados como el subintendente Carlos Hernando Figueroa y el patrullero Teodoro Ruiz Rojas, a quienes la Fiscalía imputó el delito de concusión.
Según el ente acusador, los uniformados habrían utilizado su condición de servidores públicos para presionar al hombre y pedirle dinero a cambio de entregarle detalles de los procesos que supuestamente se adelantaban en su contra.
Así habría sido el modus operandi
De acuerdo con la investigación, los policías llegaron inicialmente a un conjunto residencial del sur de Cali con el pretexto de verificar un caso de presunto maltrato infantil. Esta visita les habría permitido identificar al ciudadano y obtener sus datos personales.
Nueve días después, los uniformados habrían regresado al lugar y abordado al hombre para ofrecerle información sobre una investigación por tráfico de estupefacientes y un procedimiento de captura con fines de extradición que, al parecer, se adelantaban en su contra. A cambio de esos datos, presuntamente le exigieron dinero.
Tras adelantar varios actos investigativos, las autoridades capturaron al subintendente y al patrullero en la estación de Policía de El Caney, en Cali, según informó la Fiscalía.
¿Qué pasó con los policías?
La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, les imputó el delito de concusión, relacionado con el abuso de la condición de servidor público para exigir dinero u otra utilidad indebida.
Por decisión de un juez de control de garantías, ambos uniformados continuarán vinculados a la investigación. El proceso deberá establecer las responsabilidades individuales frente a los hechos denunciados.
“Los dos seguirán vinculados a la investigación por disposición de un juez de control de garantías”, concluyó el comunicado oficial del ente judicial.
Por el momento, se espera que las autoridades entreguen mayores detalles sobre este caso y se conozcan nuevos avances de la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades de los uniformados.