Un estremecedor caso de violencia intrafamiliar ha conmocionado a la capital antioqueña. Un niño de apenas cuatro años de edad se debate entre la vida y la muerte tras sufrir una brutal agresión perpetrada por su propio padre.
El menor fue ingresado en estado crítico, lo que motivó un traslado urgente desde el Hospital Infantil hacia el Hospital General de Medellín, donde fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.
El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, al conocer el caso, describió al agresor como “desgraciado” y “salvaje”, y pidió públicamente su captura inmediata.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró que ya se ha pedido a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá “que despliegue todas las capacidades operativas de la fuerza pública” para detener al responsable.
Aunque no se conocen hasta ahora todos los detalles de lo que motivó esta cruel agresión, se sabe que la urgencia del traslado del niño al Hospital General obedeció a que su condición requirió atención médica especializada que el primer centro asistencial no estaba en capacidad de ofrecer. Su estado fue calificado como crítico, lo que significa que está en riesgo vital.
Este suceso ha servido también para tocar un tema que preocupa a las autoridades y la ciudadanía: las estadísticas de violencia contra menores en Antioquia. Según datos del sistema Sivigila del Instituto Nacional de Salud, hasta la fecha en 2025 se han reportado 4.243 casos de violencia de género e intrafamiliar contra menores entre 0 y 19 años.
Además de la condena pública, se han movilizado operativos policiales en el sector donde ocurrió la agresión para localizar al padre agresor. El alcalde insistió en que este caso debe ser priorizado por la justicia: “Por Dios, ¿hasta cuándo? A nuestros niños se les cuida”, dijo Gutiérrez, clamando por mayor protección para los menores de edad, no solo en Medellín, sino en todo el país.
La gravedad de este caso vuelve a poner en el centro del debate la urgencia de reforzar las políticas de protección a la niñez, no solo desde la atención institucional tras la violencia, sino desde la prevención y el acompañamiento a las familias. Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos insisten en que la sociedad en su conjunto debe asumir un rol activo en la denuncia y vigilancia para que ningún niño vuelva a ser víctima de la violencia dentro de su propio hogar.