La Fiscalía judicializó al mayor del Ejército Pedronel Jiménez, al sargento segundo Cristian Padilla y a la ciudadana Luisa Fernanda Salgado, señalados de integrar un entramado ilegal de infiltración en el tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con la investigación, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, en su calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5, habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a instalaciones militares y su participación en operaciones tácticas y de inteligencia.
La mujer, haciéndose pasar como capitán, asumió funciones exclusivas de los oficiales, asistió a reuniones interinstitucionales y tuvo acceso a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto.
Según la Fiscalía, entre los datos obtenidos figuraban indagaciones en curso, esquemas de seguridad de altos dignatarios y procedimientos judiciales contra organizaciones criminales, incluido el ‘Tren de Aragua’.
El sargento segundo Cristian Padilla Villanueva es señalado de facilitar la entrada de la mujer a las instalaciones militares, permitirle interactuar con la tropa y vincularse a labores de inteligencia y entrenamiento táctico.
La Fiscalía explicó que Padilla también habría entregado detalles sobre los movimientos de la unidad y la logística para el uso de equipos de comunicaciones y drones en las misiones, lo que permitió a la particular acceder a información estratégica sin cumplir protocolos de seguridad.
Como resultado, documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia terminaron en manos de un civil. Parte de este material se habría utilizado para solicitar y ejecutar diligencias judiciales, lo que indujo en error a fiscales y jueces al creer que provenía de fuentes verificadas.
Los tres fueron capturados en diligencias conjuntas con el Ejército Nacional y la Policía Nacional en la localidad de Puente Aranda, en el Cantón Norte y en el Distrito Militar N.° 3 del Ejército en Bogotá.
La Fiscalía los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal, en atención a su posible participación en los hechos investigados.
El director especializado contra las Organizaciones Criminales, Nelson Andrés Escobar, señaló que la infiltración representó un riesgo para la seguridad nacional al exponer información clasificada sobre operaciones militares y de protección de altos funcionarios.
Concluyó que la investigación busca establecer si hubo filtración hacia estructuras criminales que habrían podido beneficiarse de estos datos.