Por primera vez, la Fiscalía imputó a tres máximos cabecillas de las disidencias de las Farc por la ola de violencia que desató la crisis humanitaria en el Catatumbo como consecuencia de los enfrentamientos entre esa estructura armada y el ELN. La Fiscalía determinó que emitieron una directriz para confrontar al ELN.
Se trata del cabecilla del Bloque Magdalena Medio, Javier Alonso Velosa Garcia, alias Jhon Mechas; y los jefes político y financiero del autodenominado frente 33, Carlos Eduardo García Tellez, alias Andrey Avendaño y Farby Edison Parra Parra, alias Richard.
Las pruebas que la Fiscalía tiene en su poder dan cuenta de que presuntamente ordenaron a sus estructuras armadas tomar control territorial absoluto a través del uso de armas y rentas ilícitas en Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí (Norte de Santander).
En cumplimiento de esa orden, los demás integrantes del grupo armado ilegal promovieron acciones violentas, generaron miedo y zozobra en la comunidad y ocasionaron graves violaciones a los derechos humanos.
Entre enero y abril de 2025, 37 personas fueron asesinadas, hubo 31 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y 87 personas afectadas por desplazamiento forzado.
Los tres señalados cabecillas se presentaron de manera virtual ante un juez de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander). Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, de acuerdo con su posible participación en los hechos, los imputó por los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, y concierto para delinquir agravado. Los cargos no fueron aceptados.
La situación en esta zona de Colombia no parece haber cambiado mucho, a un año de que se diera el primer enfrentamiento entre estos dos grupos ilegales, producto de lo cual se presentó el primer desplazamiento masivo.
A comienzos de este año, una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Iglesia Católica, llamada Comisión Humanitaria del Catatumbo, se desplazó a los municipios de Versalles y Pachelly -zona rural del municipio de Tibú-, con el objetivo de verificar la situación de las comunidades en materia de derechos humanos y recoger información acerca de las necesidades que tienen y hacer entrega de ayuda humanitaria.
La Comisión logró constatar que una parte significativa de dicho corregimiento se encuentra deshabitada. Según la verificación realizada, esta circunstancia se debe a la situación reciente de desplazamiento de familias de la zona hacia otros sectores del municipio, así como a la cabecera urbana de El Tarra, en donde se encuentran albergues habilitados para la atención de desplazados.