La sentencia de 28 años de prisión proferida contra el ganadero Santiago Uribe Vélez por su vinculación con el grupo paramilitar ‘Los 12 Apóstoles’ llegará a la Corte Suprema de Justicia, para que el alto tribunal revise el fallo que revocó su absolución inicial mediante el recurso de Impugnación Especial.
El Tribunal Superior de Antioquia, en una decisión unánime conocida el 25 de noviembre, revocó la absolución que un juez especializado había dictado en 2021 a favor del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El magistrado ponente condenó a Santiago Uribe a 28 años y tres meses de prisión al hallarlo responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
El fallo concluyó que el procesado tuvo responsabilidad en la conformación y funcionamiento de la estructura conocida como “Los 12 Apóstoles”, que operó en Yarumal durante la década de los 90, ejecutando homicidios selectivos contra personas señaladas como delincuentes o auxiliadores de la guerrilla.
Además, se le vinculó con el crimen del conductor de bus Camilo Barrientos. Sin embargo, pese a la severidad de la pena, Uribe Vélez no fue detenido de inmediato.
La libertad actual del condenado y el futuro del proceso dependen de una figura jurídica específica: la Impugnación Especial. Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, explicó a Colprensa que este es el único camino viable en la actualidad para casos donde un tribunal revoca una absolución de primera instancia.
Bernate aclaró que, aunque en el pasado se permitía escoger entre la casación y la impugnación, hoy el procedimiento equivale a una apelación directa. “Ya no se puede escoger, que es lo mismo que un recurso de apelación en contra de la decisión del tribunal”, señaló el jurista.
Sobre la no ejecución inmediata de la captura, el experto detalló que es una consecuencia de la presunción de inocencia. Aunque una condena de esta magnitud suele implicar privación de la libertad, en Colombia la medida no se hace efectiva si el procesado compareció al proceso, hasta que la decisión quede en firme tras la revisión de la Corte Suprema.
Jaime Granados, abogado defensor de Santiago Uribe, confirmó que interpondrán este recurso ante la Sala de Casación Penal. Granados expresó su “sorpresa” y “profunda decepción” por el fallo del Tribunal, al que calificó de contener “errores profundos” y un sesgo probatorio.
El litigante criticó la valoración de los testimonios clave, como los del expolicía Alexander Amaya Vargas, Juan Carlos Meneses y Eunicio Pineda. Según la defensa, en primera instancia se demostró que estos testigos mintieron.
Granados cuestionó que el Tribunal validara estos relatos bajo una visión de conjunto, argumentando lo que denominó “la teoría del tuerto”: si cada testigo presentó contradicciones individuales, no pueden adquirir validez al unirse.
Además, el abogado resaltó inconsistencias formales en la sentencia, como la aparición reiterada del nombre “Alexander Amaya Sánchez”, diferente al del testigo real, lo que sugirió una redacción no uniforme en las 307 páginas del fallo, de las cuales el 80% se dedica al concierto para delinquir y solo el 20% al homicidio.
El recurso de Impugnación Especial abre tres posibles desenlaces en la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal podría revocar la sentencia en su totalidad y restablecer la absolución de 2021; modificar parcialmente el fallo manteniendo solo uno de los cargos; o confirmar íntegramente la condena del Tribunal de Antioquia.
Mientras se surte este trámite, que no tiene un tiempo definido de resolución, Santiago Uribe permanecerá en libertad plena, con autorización para desplazarse dentro y fuera del país, según confirmó su defensa.
La decisión judicial generó inmediatas repercusiones políticas. El expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó su pesar a través de la red social X: “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”.
Por su parte, el congresista Juan Espinal defendió la integridad del ganadero, calificándolo como un “gran señor” y confiando en que la instancia superior permitirá ejercer su derecho a la defensa. El proceso, que lleva más de 30 años en los estrados, entra ahora en su fase definitiva bajo la lupa de los magistrados de la Corte Suprema.