La audiencia de medida de aseguramiento se suspendió ayer, luego de que la defensa pidiera analizar las pruebas.
El alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, y los otros ocho capturados por la presunta responsabilidad en irregularidades por contratación de ampliación de cobertura educativa en 2012, no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía ayer en Buga. La diligencia judicial, en la que se esperaba que el juez tomara una decisión sobre la medida de aseguramiento de los detenidos, se prolongó desde la mañana hasta las 8:30 p.m. y la decisión del togado fue aplazada por petición de la defensa de los detenidos. Los abogados de Bartolo Valencia así como del exsecretario de Educación Carlos Enrique Riascos; al exasesor jurídico Ancízar de Jesús Yepes; al exjefe de la Oficina de Cobertura Yasser Valencia Saa, y los contratistas Diana Mayerlín Riascos, Vanessa Orozco, Alberto Riascos, Pedro Marino Barahona y Rocío Valencia, pidieron al juez tiempo para examinar los documentos que la Fiscalía esgrimió como pruebas, lo que hará que la audiencia continúe este viernes a primera hora. Ayer la diligencia avanzó con la lectura de los seis contratos en los que se habrían cometido las irregularidades y la responsabilidad que tuvo cada uno de los detenidos en la celebración de dicha contratación. Según la investigación adelantada por la Fiscalía, Valencia y los otros detenidos habrían incurrido en un caso de defraudación que llega a los $919 millones, en 2012, cuando el Ministerio de Educación giró a Buenaventura $103 mil millones, de los cuales $25 mil millones estaban destinados a la ampliación de cobertura. Fue parte de este dinero, según sostuvieron los fiscales, el que se malgastó por los funcionarios públicos en contrataciones con colegios que no cumplían los requisitos mínimos de la ley. Durante la audiencia, la defensa de Valencia y los demás detenidos solicitó la suspensión de la diligencia afirmando que el juez estaba impedido para continuar con el proceso, por haber sido el mismo que emitió las órdenes de captura. El abogado Gustavo Moreno, que hace parte de la defensa del alcalde Bartolo Valencia, en referencia a la solicitud del cambio de juez aseguró que la norma prevé que cualquier juez que haya tenido una actuación anterior al conocimiento de un caso que se le someta a su criterio, no puede nuevamente por vía de otra audiencia pronunciarse sobre los mismos aspectos. El Juez de Control de Garantías que legalizó la captura y hoy realiza la imputación de cargos fue el mismo que ordenó la detención y pretende resolver la posible imposición de una medida de aseguramiento. Sin embargo dicha solicitud fue rechazada, ya que el juez que preside la audiencia explicó que tal impedimento es para los jueces de conocimiento y que en su caso no procedía. Luego de aclarar ese punto, que obligó a que tanto el juez como los fiscales se tomaran un receso, la audiencia continuó en Buga a las 5:25 p.m. de ayer y se prolongó hasta las 9:00 p.m. Durante la diligencia judicial del miércoles, el fiscal había imputado los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a todos los detenidos. La Fiscalía relató que Valencia firmó el 26 de abril del 2012 los seis contratos de la ampliación de cobertura educativa por un valor de $3076 millones. Estos contratos, según el ente investigador, no cumplían los requisitos de ley, pues el objetivo social de estas fundaciones no era la educación sino temas como el bienestar cultural o trabajar con mujeres víctimas del conflicto. Además, ninguna tenía los tres años de experiencia que requiere la ley. ¿Qué pasa con la Alcaldía? A pesar de que ya han pasado cuatro días luego de la captura de Bartolo Valencia, fuentes de la Gobernación del Valle indicaron que aún no se ha oficializado ningún funcionario como alcalde encargado de Buenaventura. En caso de que hoy el juez decida dictar medida de aseguramiento intramural contra Valencia, el Gobernador estaría en la obligación de nombrar un alcalde encargado protempore, hasta que se defina la situación jurídica de Valencia. Sin embargo, opiniones de abogados indican que lo más ortodoxo es que Valencia decida renunciar a su cargo para generar garantías procedimentales que le permitan defenderse mejor. Argumentos de la FiscalíaDe acuerdo con la Fiscalía, los contratos irregulares se hicieron con la Fundación Perla, Fundación Etnoeducativa del Pacífico, Fundación Cooperativa del Pacífico, Corporación Mujer del Pacífico , Corporación Héroes del Saber y Corporación Gimnasio Cooperativo del Pacífico.Un grupo de personas contrataba con esas instituciones pero solo les entregaba el 40 % del dinero y se quedaban con el restante.