El Gobierno de Gustavo Petro Urrego rechazó de manera contundente el atentado armado ocurrido en el municipio de Florida, Valle del Cauca, que dejó como saldo el asesinato del gobernador mayor del resguardo indígena Kwe’sx Yu Kiwe, Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, y expresó su preocupación por las nuevas amenazas contra otro reconocido dirigente del pueblo Nasa. El hecho también fue tipificado como una masacre por Indepaz.
A través del Ministerio del Interior, el Ejecutivo condenó el ataque registrado en las primeras horas de la tarde del sábado 1 de agosto, cuando varios hombres armados irrumpieron en un restaurante del casco urbano de ese municipio y dispararon indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en el lugar.
En el atentado fallecieron un escolta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y un comunero indígena. Gutiérrez Grajales fue trasladado gravemente herido a un centro asistencial, donde falleció durante la madrugada del domingo debido a la gravedad de las lesiones, elevando a tres el número de víctimas mortales del ataque.
El Ministerio del Interior manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas, con las autoridades tradicionales y con las comunidades indígenas del Valle del Cauca, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades judiciales para avanzar con celeridad en las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y capturar a los responsables.
La cartera también alertó sobre la situación de riesgo que enfrenta Jhon Anderson Ipia, coordinador político y administrativo del Consejo de Gobierno del Pueblo Nasa, quien, según denunció el Gobierno, recibió una nueva amenaza de muerte y un ultimátum de 24 horas para abandonar el país, situación que incrementa la preocupación por la seguridad de los líderes indígenas en esta región del suroccidente colombiano.
Las amenazas contra Ipia no son un hecho aislado. Desde hace varios años el dirigente indígena ha denunciado hostigamientos y atentados en su contra por parte de grupos armados ilegales. En diciembre de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le otorgó medidas cautelares tras considerar que se encontraba en una situación de riesgo grave para su vida e integridad, luego de ser declarado objetivo militar y sobrevivir a un ataque con arma de fuego.
Julián Mauricio Gutiérrez Grajales era gobernador mayor y máxima autoridad tradicional del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en el municipio de Florida. Su liderazgo estuvo enfocado en la defensa del territorio, la autonomía de los pueblos indígenas y la protección de los derechos de las comunidades Nasa del Valle del Cauca.
Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que el municipio de Florida enfrenta un complejo escenario de seguridad por la presencia y disputa de estructuras armadas ilegales, situación que ha generado homicidios, amenazas, desplazamientos y constantes riesgos para las autoridades ancestrales y la Guardia Indígena.
El asesinato de Gutiérrez Grajales fue rechazado por diversas organizaciones sociales, que exigieron garantías para el ejercicio del liderazgo comunitario y el esclarecimiento de este crimen.
De acuerdo con registros que comparten los profesionales de Indepaz, el dirigente se convirtió en el líder social número 88 asesinado en Colombia durante 2026, una cifra que mantiene la preocupación por la persistencia de la violencia contra quienes defienden los derechos de sus comunidades.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los autores materiales e intelectuales del atentado, mientras se evalúan medidas adicionales de protección para los dirigentes indígenas que permanecen bajo amenaza en el departamento del Valle del Cauca, así como en el Cauca.