Lo que para varias familias del Tolima parecía ser una oportunidad de oro y única para adquirir inmuebles y otros bienes a precios muy por debajo del mercado gracias a los remates de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, resultó ser, según la Fiscalía General de la Nación, un sofisticado montaje orquestado desde adentro de la propia institución.
Y es que cinco denuncias radicadas en los municipios de Ibagué y Armero pusieron bajo la lupa a Mónica Paola Bonilla Valderrama, una servidora pública vinculada a dicha entidad, a quien la justicia colombiana acaba de imputar el delito de estafa agravada ante el correspondiente juez de control de garantías.
La investigación, adelantada por una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima, estableció que entre 2017 y 2022 Bonilla Valderrama habría aprovechado su condición de empleada pública para acercarse a ciudadanos con una propuesta aparentemente ventajosa: gracias a sus contactos dentro de la entidad, podía facilitar el acceso a propiedades e inmuebles que estaban próximos a ser rematados por la DIAN, pero a precios muy inferiores a los del mercado.
El gancho era poderoso. La DIAN es conocida por adelantar procesos de remate de bienes incautados o embargados, lo que otorgaba una pátina de verosimilitud a las ofertas. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, la funcionaria no tenía ningún bien real que ofrecer.
Para asegurar el supuesto negocio, les solicitaba a los interesados el pago anticipado de determinadas sumas de dinero, tanto mediante consignaciones bancarias como en efectivo, antes de que pudieran acceder a los inmuebles prometidos.
Lo que hace aún más grave el presunto esquema es la elaboración de una parafernalia documental diseñada para engañar a las víctimas. Según la investigación, Bonilla Valderrama habría remitido a los afectados papeles con logotipos y membretes institucionales de la DIAN para darle apariencia oficial a las transacciones. Más preocupante aún, habría utilizado el nombre de una exfuncionaria de la entidad ya retirada y pensionada, documentos que luego pedía a las víctimas que firmaran, creyendo estas que estaban participando en un proceso absolutamente legítimo y regulado por el Estado.
Este tipo de maniobra, en la que se usan sellos y denominaciones institucionales para revestir de legalidad una operación fraudulenta, es uno de los elementos que la Fiscalía tuvo en cuenta para configurar el agravante al delito de estafa.
Entre los casos más graves que hacen parte de la investigación figura el de una familia que entregó $85 millones con la esperanza de adquirir una vivienda que figuraba en un supuesto listado de bienes en remate de la DIAN. Posteriormente, las autoridades establecieron que esa información no correspondía en modo alguno con la realidad: ni el bien estaba disponible ni el proceso existía.
En total, las operaciones documentadas en la investigación sumarían cerca de $300 millones recibidos por la imputada a través de diferentes víctimas que confiaron en su cargo y en los documentos que les presentó como prueba de la seriedad del negocio.
La captura de Bonilla Valderrama se produjo en la ciudad de Bogotá, durante un operativo adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el respaldo del GAULA Militar y la Policía Nacional, lo que da cuenta de la magnitud del despliegue institucional que rodeó su aprehensión.
Durante las audiencias concentradas que siguieron a su captura, la procesada no aceptó los cargos de estafa agravada que le formuló la Fiscalía. No obstante, el juez de control de garantías consideró que existían méritos suficientes para ordenar su reclusión en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial, negándole así la posibilidad de afrontar el proceso en libertad.
Es que este caso pone de relieve un riesgo que las autoridades y la propia DIAN han advertido en repetidas ocasiones: los fraudes que utilizan el nombre de entidades del Estado para dar credibilidad a negocios que no son más que estafas.
Por eso la entidad adelanta llamados en múltiples oportunidades, que cualquier proceso de remate de bienes se adelanta a través de canales oficiales, con publicaciones en medios y plataformas institucionales verificables, y que jamás requiere pagos anticipados gestionados de manera informal o por intermediarios particulares.
El proceso judicial contra Mónica Paola Bonilla Valderrama apenas comienza, pero las cinco denuncias que lo originaron y los elementos recopilados durante años de investigación perfilan un caso que podría convertirse en un referente sobre los riesgos de la corrupción interna en entidades del Estado colombiano.