La Fiscalía General de la Nación mantiene este domingo, 21 de junio de 2026, un dispositivo institucional de gran envergadura para supervisar el desarrollo de la jornada democrática.
La estrategia, diseñada para responder de manera inmediata a cualquier anomalía, cuenta con un despliegue de 8.000 servidores, entre ellos fiscales especializados y personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes permanecen atentos en las 35 seccionales del país.
El objetivo principal es asegurar que el proceso de votación transcurra con normalidad y bajo los parámetros legales establecidos.
Delitos electorales han derivado en la detención de tres ciudadanos durante las primeras horas de la jornada. En Villavicencio, Meta, las autoridades capturaron a una persona que pretendía suplantar a un testigo electoral.
Asimismo, en Inírida, Guainía, un votante fue sorprendido intentando sufragar a nombre de un tercero, mientras que en Valledupar, Cesar, otro individuo fue aprehendido tras protagonizar la destrucción de una urna de votación. Estos hechos han sido atendidos bajo los protocolos de respuesta rápida diseñados para esta fecha.
Órdenes judiciales preexistentes permitieron la captura adicional de 31 personas que presentaban cuentas pendientes con la justicia. Estos operativos se llevaron a cabo cuando los individuos acudieron a los puestos de votación o fueron detectados en controles perimetrales.
Entre los delitos por los cuales eran requeridos se destacan el homicidio, el secuestro, la extorsión, delitos sexuales, violencia contra servidor público, abigeato y fuga de presos. La operatividad se concentró en departamentos como Bogotá, Caquetá, Atlántico, Antioquia, Cauca y Nariño.
Hallazgos de carácter financiero fueron reportados por unidades del Ejército Nacional en el municipio de Cantagallo, Bolívar. Durante una inspección, las autoridades incautaron 114 millones de pesos que eran transportados en una camioneta por tres personas.
Ante la magnitud de la cifra, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos asumió la competencia para verificar la procedencia, el destino final de estos recursos y determinar si existe alguna conexión con posibles delitos financieros asociados al contexto de las votaciones.
Amenazas contra el personal logístico también han sido objeto de atención prioritaria. Grupos de policía judicial se encuentran verificando información sobre una presunta intimidación ejercida por integrantes de una estructura armada ilegal contra los jurados de votación en Ricaurte, Nariño.
La Fiscalía ha coordinado con la fuerza pública y la Registraduría Nacional del Estado Civil la implementación de medidas adicionales para salvaguardar la integridad de quienes custodian las mesas y asegurar que los ciudadanos puedan votar sin ser presionados.