La Fiscalía General de la Nación determinó que la indagatoria de Álvaro Uribe se realizará este viernes, 4 de septiembre, como estaba previsto, pese a la solicitud elevada por la defensa del exmandatario.
Jaime Granados, su abogado, había pedido al ente acusador que la diligencia se aplazara debido a que, a su juicio, primero debería resolverse el conflicto de competencia que actualmente cursa en la Corte Constitucional y que busca determinar qué autoridad debe asumir la investigación contra el expresidente.
A esta solicitud se suma el argumento de que todavía están pendientes algunas pruebas dentro del proceso. Entre ellas se encuentra la declaración de Salvatore Mancuso, diligencia en la que los abogados de Uribe tendrán la posibilidad de formular preguntas al exjefe paramilitar.
Paralelamente, la defensa confirmó su asistencia a la audiencia en la que Mancuso entregará su testimonio. El exjefe paramilitar ha señalado en anteriores oportunidades que durante las masacres de La Granja y El Aro habría existido información y colaboración por parte de la Gobernación de Antioquia, cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador.
No obstante, estas afirmaciones han sido desmentidas por el expresidente. Durante la diligencia, la representación legal de Uribe buscará controvertir las versiones entregadas por Mancuso y cuestionar el rigor de sus declaraciones a lo largo del tiempo.
Mientras se define el conflicto de competencia en la Corte Constitucional, el procedimiento judicial contra el exmandatario continúa bajo la jurisdicción de la Fiscalía. Hasta el momento, ninguna decisión judicial ha suspendido la citación fijada para este viernes.
La investigación se relaciona con hechos ocurridos durante el periodo en el que Uribe fue gobernador de Antioquia, entre los años de 1995 y 1997. Uno de los episodios que será abordado corresponde a la masacre de La Granja, ocurrida en junio de 1996 en Ituango, donde varios habitantes fueron asesinados por grupos paramilitares.
La Fiscalía busca establecer el grado de conocimiento y actuación que pudieron tener las autoridades departamentales frente a estos hechos.
El segundo episodio corresponde a la masacre de El Aro, registrada en noviembre de 1997, también en Ituango. En este caso, varias familias fueron víctimas de asesinatos, desplazamientos y violencia por parte de grupos armados ilegales.
La diligencia de este viernes se mantiene, mientras la Corte Constitucional define cuál es la autoridad competente para continuar con la investigación contra el exmandatario. De esta manera, la solicitud de la defensa para aplazar la indagatoria no modifica, por ahora, la fecha establecida por la Fiscalía General de la Nación.