La Fiscalía logró la judicialización de Julián David Osorio Ballestas, docente de primaria en una institución educativa de Caucasia (Antioquia), que estaría implicado en el abuso sexual de tres estudiantes, cuyas edades oscilan entre los seis y ocho años.
Adicionalmente, es señalado de tener acercamientos similares con otras alumnas del mismo centro educativo y ofrecerles entre 5.000 y 10.000 pesos para que accedieran a sus propósitos.
Según la investigación adelantada por la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, el profesor habría aprovechado su posición de autoridad y la confianza depositada en él para agredir a las víctimas y realizarles peticiones de índole sexual.
Los hechos fueron reportados inicialmente a los directivos del colegio y luego denunciados formalmente ante las autoridades. La Fiscalía imputó a Osorio Ballestas los delitos de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y acto sexual con menor de 14 años, ambas conductas en su forma agravada. El procesado no aceptó los cargos.
Por decisión del juez de control de garantías, el docente deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Así puede denunciar si sospecha que un menor es víctima de un delito
Ante cualquier sospecha de que un niño, niña o adolescente esté siendo víctima de una agresión penal, las autoridades recuerdan que existe una ruta clara y gratuita para denunciar y activar la protección institucional.
Psicólogos forenses advierten que no se deben minimizar las señales de alerta. Cambios repentinos en el comportamiento, miedo, quejas constantes o resistencia a acudir a un lugar o a estar con una persona en particular pueden ser indicios de que algo no está bien.
En estos casos, la denuncia puede hacerse ante la Fiscalía General de la Nación a través de la línea 122 o en su portal web. También es posible acudir directamente a la Policía Nacional o a los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales, que tienen sedes en los 32 departamentos del país.
Otras líneas habilitadas para reportar y recibir orientación son la 141 del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y la 155 de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer.
La ciudadanía también puede acudir a las Salas de Atención al Usuario (SAU), a las Unidades de Reacción Inmediata (URI), a las Casas de Justicia o incluso a un centro médico, donde el personal de salud brindará atención integral y reportará el caso a las autoridades.
Al momento de denunciar, la persona deberá relatar de forma verbal o escrita los hechos o comportamientos que considera constituyen el delito. Una vez registrada la denuncia en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), se entrega un número de radicado para hacer seguimiento al caso.
A partir de allí, la Fiscalía puede ordenar exámenes medicolegales, recolectar pruebas e iniciar el proceso penal ante un juez. Será el juez quien, con base en las pruebas presentadas, determine la responsabilidad del presunto implicado.
Este trámite no tiene ningún costo y no es necesario contar con abogado, ya que el sistema puede asignar un defensor de oficio.