La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar para establecer si existieron posibles irregularidades en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y en otros entornos relacionados con el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, a raíz de denuncias que han tomado relevancia pública durante los últimos días.
La decisión se produce después de que se conocieran declaraciones de Deicy Jiménez, quien, en una entrevista divulgada por la Revista Semana, realizó señalamientos sobre una presunta utilización de contratos estatales para favorecer a determinadas personas.
Las afirmaciones han generado un amplio debate político y jurídico, al tiempo que han motivado actuaciones de las autoridades competentes para verificar la veracidad de los hechos expuestos.
De acuerdo con la información conocida, la Fiscalía abrió una noticia criminal el pasado 23 de octubre con el propósito de recopilar elementos de prueba y determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar hacia una investigación formal.
El caso será asumido por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y contará con el apoyo de un equipo especializado encargado de adelantar las primeras diligencias. Entre las actuaciones iniciales que contempla el ente acusador se encuentran la citación de personas que podrían aportar información relevante para esclarecer los hechos.
Las primeras convocatorias fueron programadas para este lunes 26 de octubre, en el marco de una fase preliminar que busca contrastar versiones, revisar documentación y establecer si las denuncias tienen sustento jurídico.
Uno de los puntos que ha llamado la atención dentro de la controversia tiene relación con la trayectoria contractual de la denunciante en entidades públicas. Según contratos suscritos por Jiménez antes y durante la administración de Petro.
Además, entre dichos contratos, figuran vinculaciones con el Congreso de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad adscrita al Ministerio de Defensa.
Sin embargo, la existencia de contratos con entidades estatales no constituye por sí misma una irregularidad. Precisamente, la labor de la Fiscalía consiste en determinar si esos procesos de contratación cumplieron con los requisitos legales y si existió o no algún tipo de favorecimiento indebido, abuso de funciones o utilización irregular de recursos públicos.
Mientras avanzan las diligencias, la atención estará centrada en los resultados de las primeras citaciones y en las pruebas que logre recaudar la Fiscalía para esclarecer si las denuncias corresponden a hechos con relevancia penal o si terminan siendo descartadas por falta de evidencias.
Por lo pronto, el proceso permanece en fase de indagación preliminar y bajo el principio de presunción de inocencia, mientras las autoridades competentes avanzan en la verificación de los hechos denunciados.