La controversia en torno a la fallida imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por las presuntas omisiones que habrían facilitado el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, sumó un nuevo episodio tras conocerse detalles internos de la decisión adoptada por la Fiscalía General de la Nación.
Aunque inicialmente una fiscal del caso había avanzado en la solicitud de imputación por el delito de prevaricato por omisión, esa decisión fue retirada por orden de las directivas del ente acusador.
Ahora, desde la propia Fiscalía se advierte que la información con la que contaba la funcionaria al momento de estructurar la imputación era “precaria”, lo que habría incidido en la determinación de frenar el proceso en esa etapa.
La explicación oficial sostiene que la medida buscó evitar una duplicidad de investigaciones y un eventual desgaste institucional en torno a los mismos hechos.
Esto, teniendo en cuenta que fue conformado un grupo de tareas especiales para asumir de manera integral la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Según la entidad, concentrar los esfuerzos en ese equipo permitiría un abordaje más coordinado y evitaría actuaciones paralelas.
Sin embargo, la situación ha generado interrogantes dentro de la misma institución. Fuentes del ente acusador indicaron que la fiscal encargada había profundizado en los hechos materia de investigación al punto de considerar que existían elementos suficientes para solicitar la imputación por prevaricato por omisión.
Esa solicitud, que representaba el siguiente paso procesal en la denuncia contra Rodríguez, fue posteriormente retirada por instrucción superior.
Aunque la Fiscalía insiste en que respeta la autonomía e independencia de sus fiscales, funcionarios consultados por Semana señalaron que las resoluciones internas pueden incidir en el rumbo de procesos específicos. En este caso, la orden de retirar la imputación marcó un giro en la línea que venía adelantando la fiscal del caso.
Tras la controversia, se conoció una resolución interna que busca reorganizar el manejo del expediente. En el documento se dispone la inclusión de la fiscal 295 seccional, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, contra la Eficaz y Recta Impartición de Justicia y contra los Mecanismos de Participación Democrática, dentro del grupo de tareas especiales creado para investigar el magnicidio.
La resolución establece que la funcionaria deberá aportar su conocimiento al equipo y socializar los elementos materiales probatorios que resulten pertinentes para la noticia criminal. Con ello, la Fiscalía pretende integrar la información recopilada hasta el momento en una sola línea investigativa.
Desde el ente acusador señalaron que el propósito es evitar decisiones judiciales sin el sustento probatorio suficiente que permita demostrar una inferencia razonable de autoría o participación de los implicados. En el caso concreto, se trataba del funcionario responsable de la seguridad y protección del entonces precandidato presidencial.