La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 42 bienes avaluados preliminarmente en más de $44.900 millones, relacionados con el patrimonio del clan Herrera, vinculado al extinto cartel de Cali.
El procedimiento, presentado por el ente acusador como resultado de labores investigativas, tiene un antecedente que introduce nuevos elementos en el caso: Ramiro Herrera Buitrago, exintegrante de esa organización narcotraficante, había manifestado su intención de colaborar con la identificación de propiedades y de que los activos que ingresen legalmente al patrimonio público puedan destinarse a fines sociales.
De acuerdo con la información conocida, Herrera Buitrago envió una carta al presidente Abelardo De La Espriella en la que expresó su voluntad de contribuir a la reconstrucción del país y a la atención de las consecuencias del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.
En el documento, también solicitó que la Presidencia conociera su iniciativa y acompañara, dentro de sus competencias, los mecanismos institucionales correspondientes.
Un inventario de cerca de 1.000 propiedades
El listado entregado por Herrera comprende alrededor de 1.000 bienes en Colombia y otros países. Entre los activos mencionados figuran fincas, casas, apartamentos, locales comerciales y sociedades ubicadas en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Ecuador.
El exintegrante del clan Herrera afirmó que los bienes habrían sido adquiridos con recursos procedentes del narcotráfico y de las actividades de esa organización. También manifestó su disposición a colaborar con la Fiscalía para que las propiedades que jurídicamente correspondan sean objeto de extinción de dominio a favor del Estado.
En su comunicación, Herrera expresó que su intención era contribuir a la reconstrucción nacional, fortalecer las instituciones y ayudar a poner fin a la violencia relacionada con la disputa por los bienes atribuidos al clan.
No obstante, la entrega de un inventario no significa que todos los activos puedan ser recuperados de manera inmediata ni que exista una transferencia automática al Estado. Cada propiedad debe someterse a los procedimientos legales correspondientes, incluida la verificación de su titularidad y de los elementos que permitan sustentar las medidas judiciales.
Por esa razón, la iniciativa de Herrera no supone que el Gobierno pueda disponer inmediatamente de las propiedades relacionadas en su comunicación. Para que los activos ingresen legalmente al patrimonio público, deben cumplirse las etapas y condiciones previstas en la ley.
En el procedimiento, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre 42 bienes, cuyo valor preliminar supera los $44.900 millones.
La Fiscalía explicó que sus investigaciones identificaron el presunto uso de personas y empresas de distintos sectores económicos para ocultar, transformar y administrar activos, darles apariencia de legalidad y evitar el control de las autoridades.
Entre los sectores mencionados por el organismo se encuentran los inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola y cambiario, además de actividades relacionadas con juegos de suerte y azar.