La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que evalúe si existen méritos para abrir una investigación formal contra el expresidente Gustavo Petro por hechos relacionados con el caso del menor Kevin Arley Acosta, quien padecía hemofilia tipo A severa y falleció en febrero de 2026.
De esta manera, la remisión, consignada en un oficio de la Fiscalía, busca que la Comisión determine si hay elementos suficientes para iniciar una actuación en el ámbito de sus competencias, en particular por la presunta divulgación no autorizada de datos de la historia clínica del menor y por una eventual responsabilidad en la muerte del niño.
Según el documento remitido por la Fiscalía, la investigación preliminar incluye la posible comisión del delito de violación de datos personales agravado, por la exposición pública de información médica sensible, y la evaluación de una eventual conducta que pudiera encuadrar como homicidio culposo en relación con la atención y el acceso al tratamiento que requería Kevin Acosta.
La fiscal 51 de Responsabilidad Médica y Otros, de la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Personal, fue la encargada de compulsar las copias ante la Comisión.
Es importante subrayar que la compulsión de copias no equivale a una imputación ni determina responsabilidad penal: se trata de un trámite por el cual la Fiscalía pone a disposición de la Comisión de Acusación la información recabada para que esa corporación, que tiene competencia para investigar a altos funcionarios y exfuncionarios, decida si abre o no una investigación disciplinaria o política en el marco de sus atribuciones.
En otras palabras, la remisión habilita a la Cámara para estudiar si hay méritos procesales y constitucionales para avanzar.
El caso de Kevin Acosta tiene varias líneas de investigación. De manera paralela a la compulsa dirigida contra el expresidente, la Fiscalía ha avanzado en la investigación penal que involucra a funcionarios y exfuncionarios de la Nueva EPS.
En esa investigación principal se han anunciado imputaciones por homicidio culposo contra personas vinculadas a la intervención de la entidad, entre ellas el entonces interventor y otros responsables administrativos, con el objetivo de establecer si hubo omisiones en la atención y en el suministro del tratamiento que necesitaba el menor. Esa línea busca determinar responsabilidades por la cadena de decisiones y fallas en la prestación del servicio de salud.
Cabe recordar que, la normativa colombiana protege con especial rigor la información médica; por eso la Fiscalía solicitó estudiar si la difusión de esos datos por parte de funcionarios o agentes públicos durante el gobierno del expresidente constituyó una vulneración agravada de la ley de protección de datos.