La Fiscalía General de la Nación anunció la captura de una mujer en el municipio de El Espinal, Tolima. Se trata de la madre de Mía Cataleya Ramírez López, la bebé de seis meses que murió como consecuencia de un abuso sexual y múltiples lesiones el pasado 27 de mayo, en una clínica de la ciudad de Ibagué.
De acuerdo con el ente acusador, esta mujer identificada como Laura López Muñoz es señalada de omitir su deber de cuidado, protección y custodia de su hija, lo que llevó a su muerte.
Su detención se llevó a cabo por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en El Espinal. Se espera que en las próximas horas la mujer sea presentada ante un juez de control de garantías del Tolima y se le impute por el delito de homicidio agravado por omisión con dolo eventual.
“La mujer fue detenida en El Espinal y en las próximas horas será presentada ante un juez de control de garantías e imputada por el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual”, señaló la Fiscalía.
La muerte de la menor de edad se dio en el Hospital San Rafael de Ibagué, lo que provocó consternación en todo el país por tratarse de una niña con pocos meses de nacida. Esta captura se da días después de que las autoridades competentes recolectaran pruebas relacionadas con este caso.
Mía Cataleya ingresó al Hospital San Rafael con múltiples lesiones y señales de abuso. A pesar de que los médicos dieron todos sus esfuerzos para salvarle la vida, perdió la vida por la gravedad de sus lesiones.
La Fiscalía continúa avanzando con las investigaciones para identificar a más personas que hayan participado en este crimen. Por lo tanto, los fiscales esperan lograr capturas de otras personas para presentarlas ante la justicia ordinaria.
Según el dictamen forense de Medicina Legal, la causa de muerte de la bebé fue por una neumonía causada por las heridas en su cuerpo.
El caso fue denunciado por el alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez, quien aseguró que “definitivamente fue un monstruo el que perpetró este hecho” y ofreció $10 millones de recompensa por información sobre el autor o los autores del crimen.
“La muerte de la menor de edad es dolorosa, indignante y materializa una grave vulneración de los derechos de la infancia. Este hecho debe ser investigado con la mayor diligencia por parte de las autoridades competentes. La violencia sexual es una forma de tortura de la que ningún ser humano debería ser víctima y menos ninguna niña, niño o adolescente”, sostuvo en su momento la Defensoría del Pueblo.