El dirigente sindical Jhon Alejandro Caicedo Gavilán, secretario general del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Estado (SUNET) en Palmira, Valle del Cauca, falleció este jueves en una clínica de Cali luego de permanecer varios meses en una Unidad de Cuidados Intensivos, tras haber sido víctima de un atentado armado ocurrido en diciembre de 2025.
Caicedo Gavilán también se desempeñaba como trabajador administrativo de la Alcaldía de Palmira y era reconocido por su liderazgo sindical en el municipio vallecaucano.
De acuerdo con la información conocida, el ataque ocurrió en el barrio San Pedro, en Palmira, cuando el líder se movilizaba en motocicleta junto a un familiar.
Tras el atentado, fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica especializada hasta que en las últimas horas se confirmó su fallecimiento.
Tras el reporte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó a Jhon Alejandro Caicedo como el líder social asesinado número 55 en Colombia durante 2026.
La organización también señaló que la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 013 de 2025, en la que se incluía al municipio de Palmira dentro de los territorios con riesgo por la presencia y accionar de grupos armados ilegales.
Según la alerta, en esta zona del Valle del Cauca existe preocupación por la imposición de normas y formas de gobernanza ilegal por parte de estructuras armadas, así como por el fortalecimiento de economías ilícitas y el control de corredores estratégicos.
Asimismo, había advertido que líderes sindicales, comunitarios e institucionales han quedado expuestos a amenazas, intimidaciones y agresiones debido a su visibilidad pública y capacidad de articulación social.
Ahora bien, en la ficha difundida por Indepaz, la organización también mencionó que en la actualidad, existe presencia en Palmira de estructuras criminales como el Frente 57 Yair Bermúdez, la Columna Móvil Adán Izquierdo del Bloque Central EMC y otras bandas de delincuencia común, que han aterrorizado a la población, y en especial a quienes ejercen liderazgo.
Cabe decir que, ante ello, la Defensoría del Pueblo ha reiterado en múltiples ocasiones, que los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca concentran la mayor parte de estos hechos victimizantes, por lo que se ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional, para que atienda este problema.
“Cada vida arrebatada de forma violenta representa una amenaza directa a la democracia y la construcción de paz en Colombia. Por ello, exige al Estado colombiano la implementación de garantías reales y efectivas para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz”, señaló la institución.