En un operativo coordinado con las autoridades estadounidenses, Migración Colombia confirmó la noche del miércoles, 30 de julio, la deportación de Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba entre 2012 y 2015. Lyons arribó al país en un vuelo con deportados procedente de EE. UU. y fue entregado de inmediato a las autoridades judiciales competentes.
El retorno del exmandatario a Colombia marca un nuevo capítulo en los casos de corrupción que sacudieron a ese departamento durante la última década. Lyons es requerido por el delito de concierto para delinquir, aunque su expediente judicial contiene múltiples líneas de investigación por presuntas irregularidades ocurridas durante su gestión.
De acuerdo con el comunicado oficial de Migración Colombia, Lyons fue recibido por las autoridades en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y quedó bajo custodia en espera de que se determine qué juez asumirá el proceso. Este traslado se convierte en una de las movidas judiciales más relevantes del año, dada la magnitud de los señalamientos que aún pesan sobre el exgobernador.
Los hechos por los que Lyons deberá responder están relacionados con el desvío de millonarios recursos públicos que estaban destinados a ciencia, tecnología y otros sectores sociales. Durante su mandato, se firmaron convenios que hoy están bajo sospecha por posibles sobrecostos, direccionamientos y pagos ilegales.
Este nuevo episodio se suma a otro reciente escándalo que vuelve a poner en el radar la red de corrupción que operó en Córdoba. En junio, Musa Besaile Fayad, exsenador del Partido de la U, aceptó ante la Corte Suprema de Justicia su participación en maniobras ilegales ocurridas durante la administración de Lyons.
Besaile fue vinculado a delitos como peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Según las investigaciones, parte de los recursos de regalías fueron utilizados en convenios amañados, de los cuales él habría recibido importantes sumas de dinero.
Estos hechos involucran tanto a funcionarios como a particulares que operaban en la estructura administrativa de la Gobernación.
Aunque la atención se centra hoy en el regreso de Lyons al país, el caso podría tener nuevas repercusiones en el ámbito político y judicial, ya que no se descarta que más implicados puedan ser llamados a responder por los hechos.
Las autoridades continuarán con el proceso de judicialización y se espera que en los próximos días haya avances clave en este expediente. Por ahora, Alejandro Lyons permanece bajo estricta vigilancia a la espera de su audiencia.