La jueza y el ciudadano que fueron capturados esta semana por la Fiscalía, quedaron en libertad pero siguen vinculados al proceso. Así va el caso.
Un juez de control de garantías de Bogotá decidió dejar en libertad a la Jueza Segunda Civil del Circuito de Buga, Norella Acosta Tenorio, involucrada -según la Fiscalía- en las irregularidades que rodearon el proceso de expropiación del complejo turístico Parador de Buga.
El despacho no acogió la petición de la Fiscalía General de la Nación de cobijar a la funcionaria judicial con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. También recobró su libertad Carlos Andrés Grajales Gamba, hijo de los propietarios del inmueble, quien fue capturado junto a la jueza el pasado martes.
Para el despacho no era necesario imponer una medida de aseguramiento contra los dos procesados, dado que la Fiscalía no logró argumentar la urgencia de que Acosta y Grajales fueran enviados a la cárcel, y al considerar que estas personas no constituyen un peligro para la sociedad.
"Norella Acosta Tenorio es una funcionaria pública que labora para la rama judicial desde hace décadas y su labor es intachable, por lo cual no existen méritos para imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario", manifestó el despacho.
Según la Fiscalía, la jueza Acosta habría incidido irregularmente al momento de hacer el avaluó de dicho predio; el ente investigador sostiene que la funcionaria judicial tuvo conocimiento de los avalúos del predio, que en principio tenía un valor de dos mil millones de pesos, y el cual al final terminó costando 17 mil millones de pesos.
En ese sentido, el ente acusador señaló a la funcionaria de incurrir en los delitos de concusión, cohecho propio y prevaricato por acción, mientras que Carlos Andrés Grajales Gamba fue imputado por el delito de prevaricato por acción en calidad de coautor. A pesar de que las dos personas fueron dejadas en libertad continuarán vinculadas al proceso penal.
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La investigación de la FiscalíaSegún la Fiscalía, tras las decisiones de la juez, el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), ahora Agencia Nacional de Infraestructura, tiene que pagar un valor cercano a los 40 mil millones de pesos por el predio, incluyendo el concepto de intereses, lo cual constituye para el ente investigador un detrimento patrimonial al Estado por parte de la juez.
En este asunto se ve cómo un civil, y una funcionaria judicial que tenía competencia para resolver el proceso de expropiación, llegan a un acuerdo para hacer un convenio a todas luces ilegal, como quedó registrado en varios audios de llamadas intervenidas legalmente, hubo una alianza entre la jueza y el señor Grajales, señaló el fiscal del caso en la audiencia de imputación de cargos.
De acuerdo a lo expuesto por el representante del ente investigador, la jueza tomó decisiones irregulares, luego de haber recibido dinero, por parte de personas que buscaban resultar beneficiadas en el proceso expropiación, entre ellos Carlos Andrés Grajales Gamba.
Para la Fiscalía, los hechos cometidos por la juez son graves, en el sentido de que en varias interceptaciones telefónicas queda registrado un acuerdo entre la funcionaria y Grajales, con el que se buscaba engañar al Estado.
Los avalúos del predio debían llamar la atención de la funcionaria, quien debía advertir que se estaba presentando un error técnico, no parece coherente que no se haga una comparación del avalúo del valor comercial del predio (dos mil millones de pesos), a uno tan elevado (17 mil millones de pesos), señaló la Fiscalía.