La defensa de Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de ‘Papá Pitufo’, presentó una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro por los presuntos delitos de injuria, calumnia y omisión de denuncia de servidor público.
La información conocida por medios nacionales indica que la acción judicial fue radicada ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y está sustentada en las declaraciones públicas que el jefe de Estado ha realizado sobre Marín Buitrago en diferentes escenarios.
Según el documento, firmado por el abogado Nelson Antonio Lopera, representante de Diego Marín Buitrago, el mandatario habría realizado afirmaciones sin aportar pruebas, situación que, a juicio de la defensa, pone en riesgo la integridad de su cliente.
La denuncia solicita que se investigue al presidente Petro por la presunta comisión de los delitos de injuria (artículo 220 del Código Penal), calumnia (artículo 221), circunstancias especiales de graduación de la pena (artículo 223) y abuso de autoridad por omisión de denuncia (artículo 417).
Los representantes legales de Marín Buitrago sostienen que los hechos que motivaron la denuncia corresponden a diferentes manifestaciones realizadas por el mandatario en la red social X, ruedas de prensa, consejos de ministros y entrevistas concedidas a medios de comunicación.
Hasta el momento, el presidente Petro no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia presentada en su contra.
El proceso se conoce mientras Diego Marín Buitrago continúa enfrentando un trámite judicial para ser extraditado a Colombia. Recientemente, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, la Interpol reactivó la circular roja en su contra, medida que permite su búsqueda y captura en los 196 países que integran esa organización.
Alias ‘Papá Pitufo’ fue capturado en Portugal y ha presentado varios recursos judiciales para evitar su extradición a Colombia, entre ellos un hábeas corpus que le permitió recuperar la libertad y una solicitud de asilo que fue negada y posteriormente apelada.
Las autoridades colombianas lo requieren por un proceso penal en el que es señalado de, presuntamente, liderar una red transnacional de contrabando que habría operado mediante empresas fachada y rutas ficticias de importación, además de sobornar a funcionarios públicos para facilitar sus actividades ilegales.
Concretamente, dice la investigación que, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, logró cooptar a funcionarios de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en beneficio de sus intereses.
El objetivo central de estas alianzas ilegales consistió en que los uniformados omitieran sus funciones de vigilancia y permitieran el tránsito libre de cargamentos de contrabando, principalmente cigarrillos, licores, textiles y calzado, a través de los puertos de Cartagena y Buenaventura.