El escándalo por las presuntas irregularidades y el desvío de recursos públicos en el interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sumó un nuevo capítulo de alta tensión judicial.
La Corte Suprema de Justicia endureció las medidas procesales para asegurar que los aforados vinculados a la investigación comparezcan ante los despachos correspondientes.
La congresista Martha Peralta quedó hoy bajo detención transitoria por decisión de la Corte Suprema de Justicia, tras acudir a una diligencia de indagatoria en medio del escándalo de corrupción desatado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La drástica determinación de la togada se fundamentó en la necesidad de blindar el proceso y mitigar de forma preventiva el riesgo de que la congresista no acuda a la diligencia de indagatoria programada.
Con esta maniobra jurídica, las autoridades buscan garantizar la comparecencia obligatoria de la parlamentaria para que responda penalmente por su presunta participación y responsabilidad en el entramado de corrupción que afectó las arcas de la @UNGRD.
El caso ha generado un fuerte sismo político debido a la gravedad de los señalamientos que recaen sobre diversos líderes de las bancadas aliadas al Gobierno.
El protagonismo de la magistrada Cristina Lombana en los estrados judiciales se ha mantenido en un punto álgido durante las últimas semanas, no solo por las decisiones en el caso UNGRD, sino también por sus disputas legales con otros altos funcionarios del Ejecutivo.
Recientemente, la funcionaria radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, acusándolo de los presuntos delitos de calumnia y difamación.
La acción de la magistrada se derivó de unos hechos ocurridos en noviembre del año pasado, cuando el jefe de la cartera del Interior la tildó públicamente de “loca, demente y delincuente” en medio de un allanamiento judicial ejecutado en su residencia familiar de Puerto Colombia, Atlántico.
En el documento de la denuncia, Lombana manifestó que tales calificativos afectaron de forma grave su honra y buen nombre, representando además un atentado directo contra la independencia judicial.
Para dar celeridad al trámite disciplinario y penal derivado de los insultos de Benedetti, la magistrada remitió una comunicación formal al procurador delegado, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, en la que renunció formalmente a rendir su testimonio mediante certificación jurada.
En su lugar, solicitó expresamente ser escuchada en una declaración de manera presencial a la mayor brevedad posible para ratificar sus acusaciones.