La Corte Suprema de Justicia rechazó la petición de la defensa para dejar sin efecto el llamado a juicio de seis excongresistas investigados por su presunta relación con el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Los procesados son Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, quienes son señalados de presuntamente haber recibido ofrecimientos de contratos y proyectos de inversión para sus regiones a cambio de apoyar operaciones de crédito público del Gobierno nacional durante 2023.
La determinación se conoció en el marco de la audiencia preparatoria de juicio, diligencia en la que la Sala de Primera Instancia definió los elementos probatorios y los testimonios que serán considerados durante el proceso judicial.
Durante la audiencia, los abogados defensores solicitaron excluir algunas declaraciones y pruebas recopiladas en la investigación. Sin embargo, el alto tribunal negó la petición y determinó que esos elementos podrán ser controvertidos durante el desarrollo del juicio.
Entre las pruebas testimoniales admitidas se encuentran las declaraciones de los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, así como la del exdirector de la UNGRD Olmedo López, quienes deberán comparecer ante la Corte.
También fueron convocados los exministros Mauricio Cárdenas y Alberto Carrasquilla. Sus testimonios estarán relacionados con el funcionamiento de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, particularmente en lo relacionado con sus reuniones, la programación de sus actividades y los mecanismos de coordinación.
La lista de declarantes incluye, además, a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien permanece prófugo de la justicia. A ellos se suman los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, el exministro Mauricio Lizcano, el exasesor Jaime Ramírez Cobo y Óscar Enrique Cárdenas.
Ordenan peritaje a celulares en investigación por la UNGRD
La Corte Suprema dispuso la realización de un análisis informático forense a los teléfonos celulares de María Alejandra Benavides, Sneyder Pinilla y Olmedo López. El objetivo es establecer si es posible recuperar información eliminada y examinar los registros almacenados en esos dispositivos, como parte de la recolección de pruebas.
El expediente busca esclarecer los presuntos ofrecimientos de contratos y proyectos de inversión en departamentos como Córdoba, Arauca y Bolívar, que habrían sido utilizados para conseguir el respaldo de los entonces congresistas a operaciones de crédito público impulsadas por el Gobierno en 2023.
La investigación pretende determinar las circunstancias en las que se habrían producido esos ofrecimientos y establecer las posibles responsabilidades individuales de los implicados.