Un testimonio de un exdragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), puso nuevamente bajo la lupa las presuntas redes de corrupción que operarían en la cárcel La Picota, en Bogotá.
Y es que, el exfuncionario decidió colaborar con la Fiscalía para entregar detalles sobre cómo operan los supuestos pagos ilegales, a cambio de beneficios para reclusos y el ingreso de mercancías prohibidas al centro penitenciario.
La declaración se conoció en el marco de la investigación por el presunto traslado irregular del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, condenado por homicidio.
A partir de ese caso, el testigo describió un posible entramado en el que algunos funcionarios habrían aprovechado sus cargos para facilitar movimientos entre establecimientos carcelarios, modificar controles electrónicos y permitir privilegios a cambio de dinero.
El hecho, ocurrió en el año 2020, cuando, de acuerdo con el testimonio, se habría facilitado el traslado de Suárez Corzo desde Bogotá hasta Cúcuta mediante un procedimiento que no cumplía con las condiciones exigidas.
Y es que, según relató el exdragoneante, el exalcalde habría sido movilizado en un vehículo particular bajo la modalidad de ‘traslado por medios propios’, una vez comenzó la pandemia por Covid-19, pese a que esta figura estaría reservada para personas que cumplen determinados criterios.
El recorrido habría incluido una parada en su residencia en Cúcuta, donde, según el testigo, recibieron cinco millones de pesos.
La operación habría contado con la participación de un guardia identificado como Hugo Téllez, y el testigo. Sin embargo, el procedimiento terminó en dificultades cuando llegaron a la cárcel Modelo de Cúcuta y las autoridades penitenciarias reseñaron a los entonces dragoneantes, e impidieron que Suárez Corzo saliera del establecimiento.
No obstante, en dicho testimonio el exfuncionario también señaló que, además de ese traslado irregular, durante su permanencia en prisión domiciliaria, se habría pagado para desactivar el monitoreo de su brazalete electrónico.
La suma mencionada por ese pago fue de 14 millones de pesos, que presuntamente se repartieron entre varios funcionarios, entre ellos, un funcionario del Cervi, un dragoneante de apellido Ballesteros, el señor Tellez y el propio testigo. Según esa versión, posteriormente se habrían realizado pagos mensuales de 500.000 pesos, para mantener inactivo el control, lo que garantizaba que el “detenido” se moviera libremente.
Otro caso expuesto en la declaración fue el del excongresista Félix Salcedo Baldión, a quien su traslado a prisión se le habría aplazado durante seis meses después de una condena en mayo de 2021, periodo en el que presuntamente se realizaron pagos mensuales a integrantes del Inpec.
A este hombre, también se le habrían concedido irregularidades relacionadas con certificados de estudio para redimir la pena y registros de visitas médicas que habrían permitido justificar salidas.
Pero, más allá de los traslados, el exdragoneante también describió un supuesto sistema para ingresar productos y artículos restringidos a La Picota, en las que habrían participado funcionarios penitenciarios y personas externas al establecimiento.
El testigo habló de un punto de ingreso irregular por el que presuntamente entraban bebidas alcohólicas, drogas y otras sustancias psicoactivas. Los productos serían recibidos por personas privadas de la libertad y posteriormente distribuidos con la colaboración de integrantes de la guardia.
“En el establecimiento carcelario La Picota se encuentra una reja o hueco controlada por personal externo, el cual, mediante coordinaciones con algunos privados de la libertad y personal de guardia, ingresa por este sitio todo tipo de elementos prohibidos como licor, droga o sustancias psicoactivas”, destacó el exfuncionario en su testimonio.
A cambio de estos servicios, y con complicidad de 23 miembros del Inpec, todos plenamente identificados, se hacían cobros en efectivo, por Nequi o Daviplata.
El exdragoneante también afirmó que se habrían autorizado visitas íntimas por fuera de los procedimientos establecidos, incluso con salidas que no quedarían registradas durante los cambios de guardia. “Sé que en algunas ocasiones dejaban ingresar a visitas conyugales y salían a las dos de la mañana o a las doce de la noche cuando se iba a hacer el cambio de guardia y, pues, ellos no registran la salida”, añadió el testigo.
Cabe decir que, todas las irregularidades se hacían ante la mirada de los guardias del Inpec, que eran sobornados por un precio fijado en un tarifario según lo que se pretendiera: ingreso de celulares, comida, licor, cuchillos, cigarrillos, etc.