El escándalo que rodea la reclusión de Juan Guillermo Monsalve en la casa fiscal de La Picota ha derivado en una decisión drástica del Gobierno: el presidente Abelardo De La Espriella ordenó el traslado del condenado a una cárcel de máxima seguridad, luego de que un informe interno del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) documentara una serie de irregularidades y privilegios que, según las autoridades, excedieron las condiciones de protección otorgadas por la Corte Suprema de Justicia.
Según la revista Semana, el documento califica la conducta del recluso como una “conducta desviada” y detalla cómo, durante años, Monsalve habría convertido su lugar de reclusión en un espacio con comodidades y elementos prohibidos por el reglamento penitenciario.
El informe al que tuvo acceso Semana reconstruye un historial de transgresiones: ingreso y ocultamiento de licor, dinero en efectivo, celulares, módem y otros electrodomésticos no autorizados; oposición a requisas; y la realización de reuniones o celebraciones no autorizadas.
En la casa fiscal —un inmueble que, en condiciones normales, está destinado al director de la cárcel— los guardianes encontraron, además de los elementos autorizados por la Corte (una nevera, un microondas y una licuadora), una lavadora, un segundo refrigerador, una estufa a gas, cargadores, un televisor, un módem wifi y hasta una Air Fryer, según el inventario consignado por el Inpec y reproducido por Semana.
Las actas de requisa y los registros disciplinarios que acompañan el informe muestran, según la misma fuente, que las solicitudes del Inpec para retirar el trato especial se elevaron reiteradamente ante la Corte Suprema, argumentando que las condiciones de seguridad que justificaron la reclusión en régimen especial habían quedado sin efecto por el comportamiento del interno.
El documento advierte además sobre la necesidad de establecer la ruta de ingreso de los objetos prohibidos y si hubo participación de terceros o del personal penitenciario en la facilitación de esos privilegios.
Monsalve, condenado a 40 años por el delito de secuestro, lleva 18 años privado de la libertad y más de ocho en un régimen especial de reclusión, autorizado por la Corte Suprema desde abril de 2018 con el argumento de proteger su vida.
No obstante, el informe del Inpec sostiene que esas medidas de protección fueron utilizadas para obtener beneficios que excedieron la orden judicial y que, con el tiempo, su comportamiento hizo insostenible mantener el mismo trato.
Imágenes y registros previos, también difundidos por Semana, habían mostrado licores, elementos de comunicación y electrodomésticos que, en opinión de los investigadores, daban la apariencia de una habitación con comodidades de hotel más que de un espacio penitenciario.
La decisión de trasladarlo a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, responde a la necesidad de garantizar la seguridad y la proporcionalidad en la aplicación de sanciones disciplinarias, según fuentes oficiales citadas por Semana.
El traslado, explican las autoridades, cumple con los requisitos de seguridad y con las garantías que debe tener cualquier persona privada de la libertad, sin perjuicio de que se investigue la posible participación de terceros en el ingreso de los elementos prohibidos y se depuren responsabilidades administrativas o penales.